La selección del nuevo fiscal general en Guatemala representa un momento crucial para la restauración del Estado de derecho y la democracia en el país, según un reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La organización subraya que el proceso actual es una prueba decisiva para el futuro institucional de la nación centroamericana.
En una entrevista para el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en WOLA, expresó su preocupación por el escenario que enfrenta Guatemala. Enfatizó que el cambio en la Fiscalía General no es solo una sustitución de cargo, sino una oportunidad vital para restablecer la independencia judicial y el Estado de derecho, pilares esenciales de cualquier democracia.
Además, advirtió que el proceso de selección aún atraviesa momentos críticos y está lejos de ser completamente independiente. Señaló que la Corte de Constitucionalidad puede intervenir y obstaculizar la potestad constitucional del presidente Bernardo Arévalo para designar al fiscal general, lo que pondría a Guatemala en una situación de alta gravedad institucional.
La entrevistada recordó que, en el proceso pasado de 2022, la corte intervino para garantizar la inclusión de Consuelo Porras, actual fiscal general, en la lista final, lo cual generó incertidumbre sobre la transparencia y la independencia del sistema.
Méndez Dardón explicó que, más allá de cualquier intento de cuantificar el éxito del proceso de selección, el problema radica en la necesidad de reformar el modelo existente. También señaló que el actual sistema ha permitido la infiltración de redes criminales y pierde vigencia ante los desafíos actuales de Guatemala.
Por aparte, destacó la necesidad urgente de abrir un debate profundo sobre las reformas al sector público, como única vía para restaurar la confianza y fortalecer a las instituciones.
El papel de la comunidad internacional y la observación externa
Méndez Dardón sostuvo que el rol de la comunidad internacional es vital para garantizar un proceso legítimo y transparente. Resaltó el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la labor de observación internacional y el monitoreo de la sociedad civil como elementos clave durante este periodo crucial.
De igual forma, sbrayó el impacto de la presión internacional en momentos recientes, como en 2023, cuando "redes de corrupción" intentaron obstaculizar la asunción del presidente Bernardo Arévalo y la comunidad internacional intervino para proteger el orden democrático.
Insistió en la experiencia de WOLA y el papel de Estados Unidos, destacando que los fiscales generales suelen ser interlocutores clave en las relaciones bilaterales, incluso más que los propios presidentes. Finalmente, planteó que esta coyuntura también representa una oportunidad de cooperación técnica y financiera internacional para ayudar al Ministerio Público a fortalecer la justicia en Guatemala.
