En medio de un proceso crucial para la designación del próximo fiscal general, Guatemala fue testigo de una controversia marcada por la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC). En una conversación con la doctora Ana Lorena Delgadillo, exdirectora de la Fundación para la Justicia e integrante del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), se analizaron los recientes hechos que han generado inquietud sobre la transparencia y legalidad del proceso de selección.
La doctora Delgadillo advirtió este lunes, 27 de abril, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la CC generó una interferencia indebida en el proceso de elección del fiscal general. Según explicó, se había recomendado a este órgano judicial la instauración de mecanismos capaces de detectar y resolver con inmediatez los amparos maliciosos que pudieran entorpecer la elección. Sin embargo, lo contrario ocurrió: un amparo "malicioso" prosperó y se resolvió solo después de que la nómina de candidatos ya se había enviado al presidente.
"La Corte no debe generar incertidumbre, sino garantizar la legalidad y la seguridad jurídica", insistió Delgadillo. Para la experta, la decisión de la Corte cambió las reglas del juego al momento más crítico y abrió la puerta para que grupos antidemocráticos mantengan el control sobre las instituciones de justicia en Guatemala.
Proceso en fase decisiva
La especialista consideró irregular la exclusión de jueces calificados de la lista, pues alteró la valoración de candidaturas en las comisiones de postulación. Delgadillo fue clara en señalar que, si la Corte contara con un verdadero compromiso democrático, estas situaciones no ocurrirían ni cambiarían el rumbo del proceso a último minuto.
La controversia se profundizó luego de que tres magistrados enviaron una carta pidiendo una pronta resolución del amparo impugnado, resultando finalmente en votos a favor de la acción que se consideró maliciosa.
Para Delgadillo, la ciudadanía debe exigir rendición de cuentas a los magistrados, pues se cuestiona cuál fue la verdadera intención detrás de su decisión y porque el panel de expertos había advertido, por escrito, la necesidad de mecanismos administrativos para priorizar estos amparos.
El panorama para la semana decisiva en la elección del fiscal general sigue siendo incierto. La experta puntualizó la importancia de que el presidente valore con objetividad a los candidatos, poniendo en primer plano la honorabilidad —un requisito que debe mantenerse durante todo el mandato— por encima de presiones o antecedentes cuestionados.
Abuso del amparo y necesidad de reformas
Las estadísticas subrayan el problema: veintitrés acciones legales se han presentado solo en relación con este proceso para designar al nuevo jefe del MP. Para Delgadillo, esto no solo demuestra la inconformidad, sino la facilidad para que "acciones maliciosas" permeen el sistema. Además, advirtió sobre el uso excesivo del recurso de amparo en Guatemala, con el riesgo de que sectores interesados utilicen esta herramienta para someter el sistema de justicia a su control y en perjuicio de la ciudadanía.
En contraste, comparó la situación con México, donde no se permiten recursos como el amparo en elecciones, aunque reconoció que ese extremo tampoco garantiza la protección ciudadana adecuada. Delgadillo reiteró que la función de la Corte debe ser distinguir criterios: "se requiere una Corte capaz de discernir entre amparos legítimos y aquellos que buscan manipular el sistema".
El llamado de Delgadillo fue enfático: "el pueblo de Guatemala debe exigir mecanismos para asegurar que el proceso de elección de autoridades se lleve a cabo con transparencia y legalidad". Finalmente, hizo referencia a que la crisis actual evidencia la urgencia de reformar el sistema de elección de altos funcionarios en el país.
