La reducción de la mora fiscal en el Ministerio Público (MP) fue confirmada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), aunque la organización alertó que persisten serias debilidades en la capacidad de investigación criminal y judicialización de casos, a pesar del crecimiento presupuestario e institucional de la entidad.
Francisco Quezada, abogado e investigador asociado del referido centro, se refirió al tema este viernes 22 de mayo durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, donde también compartió cifras relacionadas con la resolución de casos.
El experto enfatizó que el incremento en la asignación presupuestaria del MP contrasta con los bajos niveles de efectividad en la investigación y judicialización: menos del 4% de los casos logran llegar a juicio. Añadió que la productividad institucional debería medirse por los casos resueltos, no solo por los archivados o desestimados.
Análisis de la gestión y manejo de casos
El entrevistado explicó que el CIEN analiza el comportamiento del inventario de casos desde las administraciones de Thelma Aldana y Consuelo Porras, abarcando dos gestiones fiscales con estrategias similares para la depuración de expedientes.
"Reciben aproximadamente 500 mil denuncias anualmente, acumulando inventarios que superan el millón de expedientes. La administración de Aldana implementó una fiscalía liquidadora y priorizó la depuración de casos considerados espurios o sin posibilidades reales de investigación," señaló Quezada. Estas depuraciones consisten en archivar denuncias sin cerrarlas, dejando abierta la posibilidad de reactivarlas si surgen nuevos indicios en el futuro.
Este enfoque permitió reducir el inventario, pero el porcentaje de casos que efectivamente llegan a sentencia es muy bajo. "Con Aldana la eficiencia rondaba el 11%, mientras que con Porras bajó a menos del 4%," detalló Quezada, quien agregó que esta tendencia evidencia una disminución persistente en la capacidad de llevar casos desde la denuncia hasta una resolución judicial.
Diferencias presupuestarias y estructura institucional
Además de las cifras, el presupuesto asignado al MP superó incluso al del Organismo Judicial en los últimos años. Según Quezada, tanto Aldana como Porras solicitaron y obtuvieron incrementos presupuestarios considerables. Desde 2019 la brecha entre ambos órganos se ha incrementado de forma notoria, afectando la cadena de administración de justicia.
"Un ministerio público que solo atiende materia penal dispone de más fondos que un organismo judicial que abarca todas las ramas del Derecho", apuntó. Este desequilibrio provoca que la eficiencia del MP no se traslade al sistema completo, generando cuellos de botella especialmente en los tribunales. La sobre-asignación presupuestaria al MP, lejos de fortalecer la justicia, termina desequilibrando la cadena, pues el resto de instituciones no pueden sostener el mismo ritmo.
Necesidad de una visión integral
Sobre la asignación de recursos, Quezada recalcó que no basta con aumentar el presupuesto a una sola institución: es necesaria una política coordinada y equilibrada para el funcionamiento integral de la administración de justicia. Señaló que "el Congreso debe garantizar que ninguna entidad reciba preferencia desmedida sobre las demás, porque el sistema solo funciona con colaboración y sintonía entre todas sus partes".
Finalmente, Quezada expresó que se mantiene la expectativa sobre cómo enfrentará estos desafíos la próxima administración del Ministerio Público, a cargo de Gabriel García Luna, mientras la atención pública sigue centrada en el desempeño y coordinación de toda la estructura judicial guatemalteca.
