El Tribunal de Mayor Riesgo C resolvió este jueves, 14 de mayo, declarar sin lugar la solicitud de medidas sustitutivas plateada por la defensa de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, con la que buscaba salir de la prisión que guarda por su vinculación al caso "Agua Mágica".
Durante la audiencia, que se llevó a cabo en horas de la mañana, las partes expusieron sus argumentos con respecto a esta posibilidad de que se beneficiara a la exfuncionaria y pudiera recuperar su libertad.
Los abogados representantes de Baldetti manifestaron que su patrocinada presenta problemas de salud que requieren atención especializada y, según sus argumentos, el Sistema Penitenciario no reúne las condiciones necesarias para brindarle esos cuidados. De igual forma, denunciaron el uso excesivo de la prisión preventiva.
Mientras tanto, el Ministerio Público y los querellantes adhesivos del caso (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de Cuentas) expresaron su oposición ante la posibilidad de retirar las medidas de coerción a la sindicada.
Tras analizar los planteamientos, el tribunal resolvió el rechazo de la solicitud de la defensa, pues se indicó que ya existe una sentencia condenatoria contra Baldetti dentro de este caso, la cual que actualmente está en proceso de casación. También se dejó claro en el fallo que el Sistema Penitenciario cuenta con la capacidad para gestionar el acceso a tratamientos médicos para la población privada de libertad.
Condena contra Baldetti
La sentencia contra la exfuncionaria fue dictada en octubre de 2018, en respuesta a las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Se determinó que Baldetti lideró un fraude millonario al Estado, por medio de la adjudicación de un proyecto que supuestamente serviría para limpiar el lago de Amatitlán, que presenta altos niveles de contaminación, aplicando una fórmula que se determinó que consistía en "agua con sal y cloro".
La ex vicepresidenta, la primera mujer en ostentar ese cargo en Guatemala, fue encontrada culpable de los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias, aunque el Tribunal no concedió los 22 años de cárcel que pedía la fiscalía y le impuso una pena de 15 años y 6 meses.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
