El abogado Eduardo Masaya, integrante de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y procesado dentro del caso "Corrupción Semilla", presentó denuncias formales por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra Rafael Curruchiche y Leonor Morales Lazo, quienes formaron parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Estas acciones se enmarcan en una serie de señalamientos que han surgido contra autoridades de la administración saliente del Ministerio Público (MP), encabezada por la exfiscal general Consuelo Porras, cuya gestión concluyó el sábado a la medianoche.
Masaya, quien estuvo seis meses en prisión, afirmó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la nueva dirección del ente investigador, a cargo de Gabriel García Luna, ofrece un contexto propicio para que estas acusaciones sean investigadas con objetividad e imparcialidad.
Las denuncias de Masaya se centran en la participación funcional de Curruchiche y Morales Lazo durante el proceso penal y político que se inició en su contra. El abogado explicó detalladamente las bases de sus acusaciones, subrayando las presuntas irregularidades cometidas por ambos exfiscales.
Acusaciones contra Rafael Curruchiche
En el caso del exfiscal Rafael Curruchiche, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por casi cinco años y recién fue destituido, Masaya sostiene que este incurrió en graves faltas al realizar simultáneamente la persecución penal en su contra y una campaña política.
Según el denunciante, Curruchiche manifestó apoyo público y expreso a una planilla contendiente para la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones del Colegio de Abogados y Notarios. Esta conducta, afirmó, contraviene la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece claramente las causas de inhibitoria para un fiscal que lleva un caso, incluyendo tener un interés indirecto en el asunto.
Masaya citó palabras textuales de Curruchiche, como "los invito a votar por la planilla uno, ellos conocen nuestro plan de trabajo", como prueba de su participación política. El abogado argumenta que al perseguirlo penalmente y participar en audiencias donde se le incriminaba, mientras al mismo tiempo realizaba campaña política, el exfiscal cometió faltas gravísimas y delitos como abuso de autoridad.
Denuncia contra fiscal Leonor Morales
Respecto a la fiscal Leonor Morales Lazo, que integró la FECI y ahora forma parte de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, la denuncia de Masaya se basa en la negación reiterada de acceso al expediente de su caso.
Masaya afirmó que, mientras se encontraba en prisión, solicitó en múltiples ocasiones, a través de su abogado, copias del expediente y la realización de diligencias de investigación útiles y pertinentes para esclarecer su situación, pero le fueron denegadas sistemáticamente.
Los fiscales argumentaron que el expediente se encontraba bajo reserva, una justificación que Masaya considera inválida. El abogado enfatizó que, como parte procesal, tenía derecho a un acceso irrestricto a todas las actuaciones que se seguían en su contra, y la negación de esta información lo colocó en una situación de desventaja procesal frente al órgano investigador.
Aunque el juez contralor Fredy Orellana llevaba el caso, Masaya explicó que no era necesario acudir a él para solicitar el expediente como parte procesal, pero la negativa del Ministerio Público vulneró su derecho a la defensa.
Expectativas y contexto de las denuncias
Al presentar estas denuncias, Eduardo Masaya espera que el fiscal general, en primera instancia, ordene una sanción interna conforme a los procedimientos del Ministerio Público. Posteriormente, si la investigación determina que los hechos son constitutivos de delito, Masaya confía en que se proceda penalmente contra los exfiscales de FECI, basándose en los principios de objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación del MP.
Masaya explicó que la decisión de presentar estas denuncias ahora, tras el cambio de autoridades en el Ministerio Público, no es casual. Calificó a la anterior administración como "un centro de impunidad" y una "mafia incrustada" que buscaba permanecer en la institución a toda costa. Para él, haber presentado estas acusaciones bajo la gestión anterior habría sido inútil, ya que "entre ellos se procuraban impunidad".
El abogado también reveló que estas no son las únicas acciones que emprenderá. Anunció que aún le quedan por presentar otras denuncias relacionadas con hechos que, a su juicio, constituyeron faltas graves o delitos durante su proceso.
Esta postura se alinea con el ambiente de señalamientos que se vive en el país, donde otras figuras, como el periodista José Rubén Zamora, también han anunciado denuncias contra exfuncionarios como el expresidente Alejandro Giammattei y la exfiscal general Consuelo Porras.
