Las organizaciones internacionales "Juezas y Jueces para la Democracia" y "Unión Progresista de Fiscales" expresaron su preocupación por la situación judicial de la exfiscal guatemalteca, Virginia Laparra, al considerar que su caso refleja el deterioro de la independencia judicial y la criminalización de operadores de justicia en Guatemala.
El pronunciamiento surge tomando en cuenta que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevará a cabo este viernes, 22 de mayo, la vista pública correspondiente para dar seguimiento del recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia emitida en el caso que se siguió contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra.
En ese sentido, las entidades emitieron un comunicado conjunto donde señalaron que el informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, evidencia el debilitamiento institucional y el uso del sistema penal contra fiscales y jueces que investigaron casos de corrupción.
Asimismo, indicaron que la exfiscal permanece en el exilio, mientras la Corte Suprema de Justicia de Guatemala adelantó para hoy la audiencia en la que se conocerá un recurso extraordinario de casación presentado contra su condena.
Por ello, exhortaron a que la diligencia se desarrolle con todas las garantías judiciales y conforme a los estándares internacionales de independencia judicial y debido proceso.
Exponen criminalización de fiscales
El documento también menciona que la Misión Internacional de Juristas por Guatemala publicó en marzo de 2026 un informe en el que se denuncian patrones persistentes de hostigamiento, criminalización y detenciones arbitrarias contra operadores de justicia.
Las entidades recordaron que Laparra enfrenta un proceso judicial impulsado por un juez a quien previamente había denunciado por presuntos actos de corrupción. Según el comunicado, este caso constituye "un claro ejemplo" de persecución contra fiscales anticorrupción.
El pronunciamiento también hace referencia al actual fiscal general, Gabriel García Luna, quien, según las organizaciones, ha manifestado su intención de impulsar transformaciones dentro del Ministerio Público para restablecer la objetividad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos en el ejercicio de la acción penal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
