La Corte de Constitucionalidad (CC) retiró de su agenda la acción con la que se busca revocar la prisión preventiva contra los exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Los exdirigentes indígenas se encuentran desde hace más de un año tras las rejas. Actualmente están recluidos en la cárcel de Mariscal Zavala sin que su caso tenga avances.
Según la información que trascendió acerca del aplazamiento de la discusión del referido recurso, la magistrada suplente María Jocholá indicó que debía conocer el fondo del caso, por lo que se reagendará la discusión.
Ambos dirigentes de la organización indígena 48 Cantones enfrentan cargos de terrorismo y asociación ilícita en un proceso que organizaciones internacionales han calificado como un "castigo arbitrario" y una muestra de "discriminación racial estructural".
Pacheco y Chaclán fueron arrestados en abril de 2025 en un caso que, según denunció su abogado Juan Castro, suma ya diez meses sin un "juez natural" debido a las constantes recusaciones que han impedido celebrar la audiencia de etapa intermedia.
"Presos de conciencia"
La organización Amnistía Internacional (AI) designó en mayo pasado como "presos de conciencia" a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde hace más de un año tras encabezar protestas en defensa de los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, y exigió su "inmediata e incondicional liberación".
La investigadora de la entidad, Adeline Neau, denunció en rueda de prensa que el proceso contra Pacheco — quien es viceministro de Energía y Minas, puesto que mantiene pese a la detención — y su compañero Chaclán representa un "grave retroceso" en derechos humanos.
Neau recordó que bajo los mismos cargos de terrorismo se encuentran también sindicados otras autoridades indígenas, como Basilio Puac (integrante de la junta directiva de los 48 Cantones) y Esteban Toc (ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá).
En ese contexto, Amnistía Internacional instó al nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, quien lleva poco más de un mes en el cargo, a revisar la objetividad de estas persecuciones que, según la organización, forman parte de un patrón de criminalización que afecta también a periodistas y operadores de justicia en Guatemala.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
