La Contraloría General de Cuentas (CGC) es la institución del Estado de Guatemala encargada de fiscalizar los ingresos, egresos y el uso de los recursos públicos. Su objetivo principal es garantizar que el dinero de los impuestos se administre con transparencia, legalidad y eficiencia en beneficio de la población.
La elección del próximo titular de la CGC está a cargo de los rectores de las universidades del país, quienes recientemente eligieron a Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, para dirigir este proceso para integrar la nómina de candidatos.
La elección de una persona proba es fundamental para que la institución cumpla con sus funciones de fiscalizar el uso de los recursos públicos de forma oportuna.
¿Por qué son las tan importantes las funciones que ejerce esta institución?
Estas son algunas de las funciones y atribuciones, regidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002 y sus Reformas:
- Fiscalización externa: Revisar y auditar los fondos de los Organismos del Estado, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas. También fiscaliza a contratistas de obras públicas y a cualquier persona o entidad que reciba fondos del Estado o realice colectas públicas.
- Fiscalización física: de las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando y evaluando la calidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia.
- Emisión de finiquitos: Otorgar la constancia de solvencia (conocida como finiquito) a los funcionarios públicos, requisito indispensable para tomar posesión de un cargo o participar como candidato en elecciones políticas.
- Auditorías integrales: Realizar exámenes financieros y administrativos para verificar que el gasto público cumpla con los principios de probidad y calidad.
- Sanciones y denuncias: Imponer sanciones administrativas o económicas y presentar las denuncias penales correspondientes ante el Ministerio Público (MP) si detecta anomalías o actos de corrupción.
- Promover mecanismos de lucha contra la corrupción.
- Suspensión de empleados públicos: Requerir a la autoridad nominadora, la suspensión en forma inmediata del funcionario o empleado público encargado de la custodia, manejo y administración de los valores públicos, cuando se hubieren detectado hechos presuntamente constitutivos de delito, vinculados con sus atribuciones y, además, denunciarlos ante las autoridades competentes.
