El Congreso de la República aprobó en la madrugada del miércoles 5 de agosto el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, que establece una política nacional enfocada en puertos más seguros y competitivos en Guatemala.
La normativa recibió el respaldo de 123 diputados, quienes destacaron el proceso riguroso de análisis técnico detrás de la ley, la cual busca dar un marco claro y previsible para impulsar inversión portuaria y responder a la demanda de puertos modernos y eficientes, vitales para el comercio exterior.
El nuevo marco legal contempla eficiencia operativa, seguridad y protección portuaria, competitividad, inversiones sostenibles, certeza jurídica y representación de actores públicos y privados. Además, según detalló el Legislativo, refuerza la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización en el sector portuario.
Guatemala tiene una posición geográfica estratégica, conectando los océanos Pacífico y Atlántico, lo que facilita el comercio internacional y favorece la logística regional. Los principales puertos del país son Puerto Quetzal en el Pacífico y Puerto Santo Tomás de Castilla junto a Puerto Barrios en el Atlántico.
Acerca de la nueva ley
Entre los cambios destacados, la normativa crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad autónoma y descentralizada del Estado responsable de regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar conforme a la nueva ley y convenios internacionales, incluido el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).
La APN liderará el Sistema Portuario Nacional, integrado también por el Comité Nacional de Protección Portuaria (Conaprop), el Comité de Apoyo Logístico al Sistema Portuario Nacional (Codas), el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (Cusport) y otras instancias de coordinación.
El directorio de la APN estará compuesto por representantes del Ejecutivo, incluidos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Ministerio de Gobernación, según el artículo 11 de la ley.
El artículo 53 fija nuevas tarifas portuarias para el manejo de carga y una tarifa turística de US$2 por persona para quienes desembarquen o aborden cruceros. Además, cuando las instalaciones turísticas funcionen en áreas de operadores públicos portuarios, el 50% de la tarifa irá directamente a dicho operador.
Reducción de tiempos y costos
La ley también establece el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario (Planport), que busca reducir tiempos y costos en el comercio exterior y definir objetivos y estrategias para la modernización y sostenibilidad del sistema portuario, considerando la interconectividad con otros medios de transporte y la planificación de zonas estratégicas para el desarrollo portuario.
Según destacó el Congreso, con la aprobación de esta normativa, se solucionan problemas históricos como la ausencia de una autoridad nacional moderna, la duplicidad de competencias, instituciones obsoletas y la falta de procedimientos claros para inversiones y contratos en el sector. También se fortalece el cumplimiento de estándares de seguridad y del Código PBIP.
El referido organismo destacó que la ley propone herramientas para construir un sistema portuario moderno y eficiente, adaptado a las necesidades actuales y futuras del país, con una regulación clara que mejorará la competitividad y gestión integral de los puertos guatemaltecos.
En materia tecnológica, se contempla la provisión de recursos para la actualización y mantenimiento de equipos especializados en seguridad portuaria, así como mecanismos de cooperación internacional para mantener estándares nacionales e internacionales.
* Con información del Congreso de la República.
