Diputados del bloque oficial presentaron este jueves 13 de agosto, una iniciativa de ley que propone crear el trabajo comunitario subsidiario, como una alternativa cuando no se tiene capacidad de pagar una multa.
La propuesta establece reformar el Decreto 17-73, Código Penal y el Decreto 51-92, Código Procesal Penal para que el trabajo comunitario subsidiario sea aplicado, cuando el Juez de Ejecución Penal determine que la persona condenada no cuenta con capacidad económica para pagar la multa impuesta.
Según los legisladores, la iniciativa busca atender el problema de sobrepoblación que tiene el Sistema Penitenciario (SP) con la permanencia en prisión de personas que ya cumplieron su condena de cárcel, pero que no pueden pagar las multas establecidas en sus sentencias.
La propuesta presentada por la diputada oficialista Alma Luz Guerrero, acompañada de los congresistas Victoria Palala, Brenda Mejía, Olga Villalta, José Carlos Sanabria, Duvalier Castañón y Raúl Barrera, contempla jornadas de entre dos y cuatro horas diarias, con un mínimo de 10 y un máximo de 20 horas semanales. El período total de cumplimiento no podrá superar los cinco años. El SP sería el encargado de supervisar, registrar y controlar el cumplimiento de las horas de trabajo comunitario.
Además se crea un comité multidisciplinario integrado por un médico, un psicólogo y un trabajador social que determinará la cantidad de horas. A este beneficio no podrán acceder las personas consideradas de alta peligrosidad social, quienes tengan antecedentes de fuga o intentos de evasión, quienes no mantengan buena conducta o estén vinculadas con otros hechos delictivos.
Asimismo, la propuesta contempla que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá crear al menos cinco Juzgados de Ejecución adicionales, con el objetivo de atender de manera prioritaria las solicitudes de conversión de multas en trabajo comunitario.
En tanto, el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Salud Pública y Asistencia Social; y Educación deberán elaborar un catálogo de actividades que podrían realizar las personas beneficiadas con la medida. Entre estas se contemplan labores de construcción, mantenimiento y remozamiento de infraestructura pública.
La diputada Guerrero explicó que la iniciativa es resultado de varias mesas técnicas en las que participaron representantes del ministerio de Gobernación (Mingob), el SP, Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Organismo Judicial (OJ) y organizaciones de la sociedad civil.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*
