El sector del transporte extraurbano de pasajeros en Guatemala enfrenta actualmente una crisis marcada por el alza en los precios del diésel y el deterioro de la red vial, pero los líderes de gremiales también enfatizaron el impacto de otro flagelo: las extorsiones sistemáticas.
Carlos Vides, presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), y Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas, se refirieron a esta problemática durante una entrevista este martes 25 de agosto en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
Vides explicó que, aunque el precio del pasaje ha variado, los aumentos suelen ser de apenas dos o tres quetzales y en algunos casos han contado con la intervención de la Dirección General de Transportes, alcaldes y gobernadores para intentar contener las alzas.
Sin embargo, destacó que, además del costo del combustible y la infraestructura deficiente, las extorsiones han agravado la situación financiera de las empresas de transporte. En palabras de Vides, las compañías destinan mensualmente una suma "muy considerable" exclusivamente para el pago de extorsiones, cantidad que varía según el área geográfica donde operan.
Gamaliel Chin, representante de rutas cortas, indicó que el incremento en el precio del combustible ronda el cincuenta por ciento y que la ocupación de las unidades ha disminuido, en parte, por los servicios "piratas" que proliferan en áreas urbanas y entre municipios.
"Un aumento de dos o tres quetzales representa cerca del veinte por ciento en las tarifas, lo que resiente al usuario directamente", afirmó Chin, quien criticó la falta de actualización en los costos operativos desde 2012 y la ausencia de una normativa oficial para establecer tarifas justas.
Ambos líderes coincidieron en que el Estado no ha implementado políticas públicas para apoyar al sector. Según Vides, desde la reforma constitucional ninguna administración gubernamental ha cumplido con el mandato de garantizar, promover y ayudar al transporte comercial.
Fuerte impacto de las extorsiones
Las extorsiones suponen la amenaza más grave para la seguridad de operadores y el patrimonio de los empresarios. Chin ejemplificó que una empresa de Santa Catarina Pinula pagó cerca de 1 millón de quetzales en un año por concepto de extorsión, solo en 30 unidades de transporte.
Para dimensionar el problema, el entrevistado estimó que en el departamento de Guatemala se destinan entre 2 millones y 3 millones de quetzales mensuales en pagos extorsivos, lo que ha obligado a muchas empresas a buscar protección de la Policía Nacional Civil.
Por su parte, Vides indicó que aproximadamente desde el año 2002 ha venido en diferentes administraciones de Gobierno tocando el tema, pero cada vez se agudiza más lo relacionado con el "mal llamado", según sus palabras, que se les da a los "señores extorsionistas".
"Casi el 100 por ciento de los costos operativos nos han incrementado en los últimos meses. Esto no significa que sea igual a un aumento en el precio del pasaje, pero si le sumamos el diésel, los repuestos, las grasas, aceite, mantenimiento, la parte administrativa, el pago de impuestos, lo que más golpea es el pago de la extorsión. Son cantidades muy muy significativas lo que le representa de pago a las empresas", expresó el presidente de Gretexpa.
"Esto nos está llevando a los límites casi donde ya no se puede operar. No hay una utilidad que le vaya a usted reinvertir en su propia empresa. Es un conjunto de situaciones que se viene dando. Se ha hablado de modernizar las unidades, pero ¿de dónde vamos a sacar más dinero? Realmente, el tema del transporte extraurbano en general está llegando a límites donde no se va a poder operar. (...) La misma necesidad ha llevado a aumentar el precio del pasaje", puntualizó.
Frente a estas circunstancias, los representantes denunciaron que las intervenciones de alcaldes y gobernadores suelen traducirse en imposiciones que desconocen la realidad operacional del transporte. Tampoco consideran la gravedad de las extorsiones, las cuales han tenido repercusiones directas en la posibilidad de modernizar la flota o de mantener estables los precios al usuario.
Según los entrevistados, la falta de acción gubernamental y las limitaciones regulatorias mantienen al sector en una situación crítica, donde el costo de operar amenaza la viabilidad de muchas empresas y el soporte del servicio esencial que prestan a la población.
