El Ministerio de Gobernación expresó su preocupación ante las decisiones del Organismo Judicial luego de que tribunales liberaran a 15 de los 29 presuntos "motoladrones" capturados recientemente por la Policía Nacional Civil (PNC). Desde la cartera, se hizo un llamado directo a los jueces para que asuman su responsabilidad frente a la seguridad ciudadana y valoren el esfuerzo del cuerpo policial. Las autoridades advirtieron que el trabajo operativo de la PNC resulta estéril si el sistema de justicia no funciona de manera integral.
Este lunes, 28 de septiembre, entrevista con el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, abordó el referido tema, que va ligado con el incremento de asaltos cometidos por personas en motocicleta en diferentes rutas de la ciudad.
Relató que, tras desarticular seis estructuras de "motoladrones" y capturar a 29 personas, se sorprendieron al descubrir que 15 de ellas fueron dejadas en libertad al día siguiente con cauciones económicas bajas, incluso en casos de captura en flagrancia por posesión ilegal de armas de fuego o vehículos con reporte de robo.
Villeda, con experiencia como juez, cuestionó los criterios judiciales empleados para liberar a personas detenidas en circunstancias evidentes. Detalló tres casos específicos, entre ellos el de un individuo fallecido la semana pasada en la calzada Roosevelt que, a pesar de antecedentes y capturas anteriores, había sido liberado por los jueces bajo la figura de la falta de mérito.
El funcionario explicó que el Código Procesal Penal exige desvirtuar el peligro de fuga, considerar la pena esperada y determinar si el procesado representa un riesgo para la investigación antes de otorgar medidas sustitutivas. Sin embargo, Villeda señaló que, en muchos casos, aun con evidencia y capturas en flagrancia, se otorgan libertades que afectan la confianza y seguridad ciudadana.
Resalta trabajo interinstitucional para contar con indicios suficientes
Consultado sobre la posibilidad de presentación insuficiente de pruebas ante los jueces, el ministro aseguró que existe coordinación directa con el Ministerio Público para fortalecer la cadena de custodia y la presentación de evidencias, como armas, motocicletas y declaraciones policiales. Sin embargo, cuestionó qué más se necesita para procesar a los implicados en los delitos, resaltando que la audiencia de primera declaración requiere solo indicios mínimos y no certezas absolutas.
Frente a la alternativa de que la liberación injustificada se deba a la presión o amenazas de estructuras criminales, Villeda subrayó la importancia de que el Ministerio Público apele este tipo de decisiones judiciales, aunque reconoció que el proceso permite la liberación inmediata de los detenidos, lo que genera mayor inseguridad.
Villeda concluyó que la lucha contra la delincuencia también se enfrenta a retos internos en el sistema judicial, sin dejar de lado la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional para avanzar en la seguridad nacional.
