El Ejecutivo oficializó ayer la sanción del Decreto 22-2026 del Organismo Legislativo, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que busca aliviar el incremento constante en los precios de estos productos en el país. La medida entró en vigencia este jueves 1 de octubre, mientras que el decreto 21-2026, que proponía fijar los valores de referencia para los carburantes, fue vetado por el presidente.
En el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó los motivos detrás del veto y los retos fiscales. Señaló que ambas leyes no podían coexistir debido al limitado presupuesto, pues la suma de ambas sobrepasaría los cinco mil millones de quetzales.
Los ahorros que representan el retiro de los impuestos ascienden a Q9.05 para el galón de gasolina superior, Q8.33 para la regular y Q6.45 para el diésel, los cuales se empezaron a observar desde hoy en los expendios a nivel nacional. De esta manera, los precios al consumidor se mantienen en: regular Q34.89, súper Q36.19 y diésel Q41.69.
Analizan propuestas focalizadas
El ministro Barrios reconoció que la puesta en marca de la ley es una solución imperfecta y detalló que la reducción en precios, como en el caso del diésel que bajó de 49.39 a 41.69 quetzales en autoservicio en un día, beneficiará a los consumidores. Sin embargo, aceptó que la medida no satisface a todos, especialmente a los transportistas que dependen de este carburante.
Sobre lo que se podría esperar en cuanto al mercado de los combustibles, Barrios destacó que la ley es temporal y que se analiza crear un fondo de respaldo para responder a futuras crisis de precios en el sector. Resaltó que durante los próximos tres meses se mantendrá la exención tributaria, pero que ya se estudian mecanismos alternativos, sobre todo enfocados en el apoyo a los transportistas, un segmento clave para la economía del país.
"Para el futuro, no a corto plazo, pues durante los tres meses viviremos con esta solución, Y en el plazo inmediato del año entrante, si continúan las cosas complicadas, hemos estado trabajando en conjunto con la propuesta del diputado Julio Héctor (Estrada), que propone un mecanismo de un fondo de respaldo. Es una opción que parece muy sensata y que va a funcionar de manera permanente, de ser aceptada, para futuras situaciones de crisis en precios de combustibles", compartió.
El ministro indicó que se evalúa una propuesta que podría redirigir 2.500 millones de quetzales de apoyo específicamente a los transportistas, lo que sería más eficiente que repartir el beneficio entre todos los consumidores. Este enfoque abarcaría aproximadamente 480.000 vehículos esenciales para el transporte de personas y productos.
"Esa sería nuestra línea de seguimiento. No dejamos de pensar en la necesidad de enfocar cualquier apoyo temporal o alternativo a los transportistas que impactan directamente en la economía del país. Estamos trabajando en ello, es una recomendación que nos dio el señor presidente y estamos trabajando las distintas instituciones tratando de establecer la manero en que esto se puede volver operativamente viable", añadió el entrevistado.
Verificación de cumplimiento de la ley y futuro del mercado
En cuanto a la fiscalización de la nueva ley, Barrios detalló que el Ministerio de Energía y Minas verificará que los precios estén exhibidos de manera adecuada en las gasolineras. Además, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) supervisará que se cobre el precio correcto, mientras que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) utilizará sus propios mecanismos de control. El reglamento de fiscalización, indicó, se encuentra en su última fase de elaboración.
Finalmente, el ministro comentó que el país depende en más del 85% de las importaciones de diésel provenientes de Estados Unidos. Una posible prohibición de exportaciones de diésel estadounidense, como se ha mencionado desde la administración Trump, podría afectar a Guatemala de manera inmediata, tanto en disponibilidad como en precio. Sin embargo, Barrios aseguró que, según importadores locales, esta medida no se impondría de inmediato y podría tardar al menos tres meses en hacerse efectiva, por lo que se mantiene la vigilancia constante sobre el tema.
