Unos 750 activistas, defensores de derechos humanos y filántropos de veinticinco países, se reunieron en la capital guatemalteca para definir estrategias conjuntas frente al autoritarismo en Centroamérica, la creciente persecución a las organizaciones sociales, el exilio forzado de periodistas y la reducción de la ayuda económica internacional.
El encuentro se dio durante la apertura de la decimosexta edición del Foro Centroamericano de Donantes (CADF 2026), organizado por la Fundación Internacional de Seattle (SIF), bajo el lema "Adaptación en acción" para reconfigurar los esquemas de financiamiento ante la pérdida de libertades democráticas en la región.
"En distintos rincones del continente se están poniendo a prueba libertades que creíamos consolidadas", advirtió Adriana Beltrán, directora ejecutiva de la SIF, al inaugurar el evento y pedir a la cooperación internacional que adapte sus mecanismos de apoyo a la realidad de los colectivos que operan desde el exilio o bajo acoso judicial.
En un principio, en el encuentro no se citó concretamente la situación en los diferentes países centroamericanos, aunque en la agenda de actividades se espera la participación de representantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, entre otros países.
Resaltan importancia de un proceso integral
Durante los paneles sobre gobernanza, la lideresa indígena guatemalteca Milvian Aspuac sostuvo que los esfuerzos de diálogo con los Gobiernos pierden eficacia si no existe un compromiso vinculante e integral de todas las instituciones del Estado para atender las demandas territoriales.
"Se necesita de una coordinación y articulación de los tres poderes del Estado para que realmente podamos avanzar en el marco de los derechos de los pueblos indígenas y poder superar esas barreras y esas problemáticas históricas sobre las cuales se ha construido el Estado", afirmó Aspuac.
En los debates sobre participación ciudadana, las activistas indígenas guatemaltecas Evamaria Sales y Suany Sic instaron a descentralizar las decisiones políticas y proteger las lenguas originarias ante la marginación social de las juventudes rurales.
El foro, que concluirá el 1 de octubre, incluye discusiones sobre libertades de prensa, migración, cambio climático y riesgos electorales en la región.
* Con información de la agencia de noticias EFE.
