En el Tribunal de Mayor Riesgo "A", presidido por la jueza Jazmín Barrios, se retomó este viernes 9 de octubre el juicio contra Kevin Geovani Castellanos Rosales, señalado de participar en los ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero de 2026.
Durante la audiencia, el Ministerio Público realizó la presentación de las conclusiones del caso y en la misma señala directamente al acusado de disparar a los agentes Juan Antonio Pérez Mayen y Diana Chávez Alarcón en la colonia el Limón zona 18, quienes fallecieron.
En sus argumentos, los representantes de la Fiscalía expusieron que quedó demostrada la participación de Castellanos Rosales en las agresiones contra las fuerzas de seguridad y también que forma parte de la pandilla del Barrio 18, que es liderada por alias "el Lobo".
El ente investigador pidió una sentencia de 25 años de prisión por cada agente asesinado y también otras penas por supuestamente haber cometido los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, sedición y terrorismo, para un total de 76 años y seis meses de privación de libertad.
"Soy inocente"
Castellanos declaró ayer por medio de videoconferencia ante el tribunal y negó haber participado en los hechos violentos que cobraron la vida de 11 integrantes de las fuerzas de seguridad.
Según declaró el sindicado desde la prisión donde se encuentra recluido, él no pertenece a ningún grupo criminal y tampoco tuvo participación en las agresiones contra las autoridades.
"Yo no fui. Que se den cuenta que todo lo que ellos dicen es mentira, porque yo jamás participé. (...) Yo soy inocente", se le escuchó decir al brindar su testimonio ante los jueces
Ataques simultáneos contra policías
Once policías fueron asesinados en enero de 2026 por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines un día antes.
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de Sitio que se mantuvo vigente por 30 días y que permitió a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. A esta medida le siguió la implementación de estados de Prevención durante al menos tres meses.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
