Tribunal ordena colocar placa en memoria de agentes de PNC
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Tribunal ordena colocar plaqueta en memoria de dos agentes de la PNC asesinados

Los policías murieron tras los ataques simultáneos registrados en enero de 2026.

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Audiencia contra Kevin Castellanos, señalado de tener vínculos con los ataques contra la PNC ocurridos en enero de 2026., Oscar Grijalva/EU
Audiencia contra Kevin Castellanos, señalado de tener vínculos con los ataques contra la PNC ocurridos en enero de 2026. / FOTO: Oscar Grijalva/EU

El Tribunal de Mayor Riesgo "A" llevó a cabo la audiencia de reparación digna en seguimiento de la sentencia condenatoria emitida en contra de Kevin Geovani Castellanos Rosales, implicado en los ataques simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero de 2026.

El integrante de la pandilla del Barrio 18 fue señalado por el Ministerio Público (MP) de dispararles a los agentes Juan Antonio Pérez Mayen y Diana Chávez Alarcón en la colonia el Limón zona 18 capitalina, quienes fallecieron debido a la gravedad de las heridas que sufrieron.

Tomando en cuenta las pruebas presentadas por la fiscalía, el tribunal lo encontró culpable de los delitos de asesinato, portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército, asociación ilícita y terrorismo, y dictó una pena de 79 años con cuatro meses de privación de libertad inconmutables.

En seguimiento del expediente, se realizó la audiencia en la cual los jueces emitieron una serie de medidas como reparación, en las que se incluye colocar una plaqueta en subestación de la PNC de la colonia El Limón con los nombres de los agentes asesinados.

Ataques simultáneos contra policías

Once policías fueron asesinados en enero de 2026 por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines un día antes.

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de Sitio que se mantuvo vigente por 30 días y que permitió a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. A esta medida le siguió la implementación de estados de Prevención durante al menos tres meses.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

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