La Unión Europea (UE) expresó este miércoles 28 de octubre su preocupación por las amenazas vertidas contra el abogado Édgar Ortiz y la comunicadora Marjorie von Ahn, fundadores de la organización civil Poder Ciudadano, dedicada a impulsar reformas al sistema de justicia en Guatemala.
A través de un mensaje en sus canales oficiales, la delegación europea subrayó que la participación, la propuesta y el debate constituyen pilares fundamentales "del ejercicio ciudadano y de la democracia".
"Nos preocupan las amenazas que enfrentan Édgar Ortiz, Marjorie von Ahn y otras personas que animan el debate público y libre sobre el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala", subrayó la representación diplomática.
Las alarmas de la Unión Europea se encendieron tras la denuncia pública realizada por Ortiz, quien reveló que él y otros integrantes de Poder Ciudadano sufren seguimientos constantes y tratan de amedrentarlos, algo que los ha obligado a suspender actividades públicas, como la recolección de firmas para sus iniciativas legales.
La organización Poder Ciudadano fue establecida como una plataforma civil destinada a promover la transparencia, la independencia judicial y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país.
Ante este escenario de hostigamiento, Ortiz confirmó que formalizó en septiembre una denuncia ante el Ministerio Público (MP) tras verificar que desconocidos fotografían y vigilan sus desplazamientos en tiempo real.
"Desde el inicio de nuestro trabajo en Poder Ciudadano con nuestra propuesta para rescatar nuestra justicia sabíamos que el trabajo que hacíamos traía riesgos consigo, pero tratamos de que eso nunca nos detuviera", manifestó el abogado en un video divulgado en plataformas digitales.
Las amenazas llegan en medio del asesinato el pasado 17 de octubre del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, un referente de la lucha contra la corrupción en Guatemala, cuyo crimen sigue impune.
En 2026, la justicia guatemalteca siguió bajo fuerte cuestionamiento por denuncias de instrumentalización penal, persecución a jueces, periodistas y líderes indígenas, y acusaciones de corrupción que marcaron la salida el pasado mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por la UE y Estados Unidos.
Vía EFE
