La Iglesia católica enfrenta una nueva controversia tras la renuncia del obispo peruano Ciro Quispe López, quien se desempeñaba como líder de la Prelatura de Juli, en la región de Puno. La Santa Sede confirmó que el papa León XIV aceptó su dimisión el 24 de septiembre, en medio de una investigación interna por presunta conducta sexual inapropiada y posible malversación de fondos.
El caso ha generado una fuerte conmoción tanto en el ámbito religioso como en la opinión pública, al tratarse de acusaciones que involucran a múltiples mujeres y presuntas irregularidades financieras dentro de una jurisdicción eclesiástica ubicada en una de las zonas más vulnerables del sur del Perú.
¿Cómo salieron a la luz las acusaciones?
Aunque el caso se hizo viral el año pasado ahora medios peruanos han infromado que las denuncias comenzaron a tomar forma luego de que una de las mujeres presuntamente vinculadas sentimentalmente con el obispo decidiera hacer pública información comprometedora.
De acuerdo con estos reportes periodísticos, existen fotografías, mensajes y videos que evidenciarían una conducta impropia sostenida durante varios años.
Según las investigaciones, al menos 17 mujeres habrían mantenido algún tipo de relación con Quispe López. Entre ellas se menciona a una monja y a una abogada, lo que intensificó la gravedad del escándalo y provocó reacciones inmediatas dentro de la Iglesia peruana.
La periodista peruana de investigación Paola Ugaz, quien tuvo acceso a testimonios vinculados al caso, señaló que muchas de las mujeres involucradas habrían guardado silencio durante años por temor a represalias y por la posición de poder que ostentaba el obispo. De acuerdo con su versión, el caso refleja una cultura de miedo y encubrimiento en ciertos espacios eclesiásticos.
Sospechas de uso indebido de fondos
Más allá de la vida privada del obispo, la investigación también apunta a un posible uso irregular de recursos económicos de la Iglesia. Existen señalamientos sobre el presunto desvío de fondos eclesiásticos para fines personales, entre ellos la supuesta financiación de un restaurante vinculado a Quispe López.
Testimonios de exempleados del clero habrían aportado información sobre hallazgos de objetos relacionados con encuentros íntimos dentro de la residencia episcopal, así como movimientos financieros que no corresponderían a actividades pastorales.
Aunque la investigación fue encabezada por el obispo Marco Antonio Cortez Lara, hasta el momento el Vaticano no ha hecho públicos los resultados oficiales ni ha confirmado si habrá sanciones adicionales de carácter canónico.
La postura del obispo tras su renuncia
Ciro Quispe López emitió un comunicado, confirmó su renuncia y aseguró que se trató de una decisión personal tomada "por el bien de la comunidad".
El exobispo negó enfrentar procesos legales o eclesiásticos en su contra y sostuvo que ha sido víctima de una campaña de difamación. También afirmó que presentó denuncias contra personas y periodistas que, según él, lo acosaron.
"Hasta la fecha no tengo ninguna denuncia en el fuero civil ni un proceso en el fuero eclesiástico", señaló en su mensaje, en el que evitó referirse de forma directa a las acusaciones específicas.
El escándalo ha provocado división entre los fieles de la Prelatura de Juli y ha reavivado el debate sobre la forma en que la Iglesia maneja las denuncias de abuso de poder y conducta inapropiada, especialmente en comunidades rurales donde la figura del obispo tiene una enorme influencia social.
Vaticano se pronunció
El Vaticano oficializó la renuncia de monseñor Ciro Quispe López como obispo prelado de Juli, en Puno, luego de meses de denuncias y reclamos por parte de los feligreses de distintas comunidades del sur.
El anuncio se realizó a través de un comunicado publicado en la sección "Rinunce e Nomine" del portal oficial Vatican News en noviembre de 2025, donde se detalla que "il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Prelatura territoriale di Juli (Perú)", presentada por Quispe López.
Sin embargo, en enero de 2026, organizaciones civiles y sectores de la comunidad católica han pedido mayor transparencia y una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar justicia para las posibles víctimas. Por el momento se espera una respuesta del Vaticano y de las autoridades peruanas.
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