Por tratarse de acusados con cierto de grado de influencia, los jueces se sienten coaccionados para que absuelvan a los imputados, ya sea por reclamos provenientes de fuerzas políticas y sus grupos de acción política o, como es otra modalidad, por exigencias de las llamadas organizaciones sociales.
En ninguno de los dos casos se puede hacer más que proceder conforme ley, opinan abogados litigantes, porque el proceso de impartir justicia se está basando en pruebas legales irrefutables.
Presión a la justicia
De acuerdo con la investigación de los fiscales, en este caso se han mencionado nombres de líderes magisteriales como Joviel Acevedo y Bernardo Caal Xol, actualmente en arresto domiciliario.
Organizaciones comunitarias han dicho que la detención y procesos contra Caal es un ejemplo de criminalización del derecho de protestas; sin embargo, se hace caso omiso de las acusaciones serias como las que tiene por el tema de plazas fantasmas.
Antecedentes
En julio del año pasado, Caal fue ligado a proceso penal y beneficiado con arresto domiciliario y arraigo por el Juzgado Segundo de Instancia Penal de Alta Verapaz, a pesar de haber permanecido prófugo desde el 29 de marzo del año pasado, hecho que se interpreta a nivel de la barra de abogados como muestra de la presión que reciben los juzgadores para ejercer justicia con preferencia.
El exsindicalista magisterial es señalado por los fiscales de incurrir en caso especial de estafa, por haber cobrado más de Q100 mil después de que el Ministerio de Educación le retirara su plaza como maestro.
Según las autoridades, cobró sin presentarse a trabajar a la Escuela Oficial Rural Mixta, en aldea Semoch, de Santa María Cahabón, durante 20 meses, entre enero de 2012 y agosto de 2013, lo cual no puede pasar desapercibido, pues, además, ya tiene en prisión a otros políticos, entre estos al expresidente del Congreso Pedro Muadi.
Que prevalezca la justicia
Hasta el momento se encuentran varias personas vinculadas a proceso por plazas fantasmas, en el que según los abogados ha existido presión para que los jueces fallen de forma que favorezcan a alguna de las partes, pero organizaciones pro-justicia se han pronunciado de manera que prevalezca la justicia sobre intereses sectarios y espurios.
En marzo de 2017 fueron detenidos los diputados César Emilio Fajardo Morales, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, y Manuel Marcelino García Chutá, del Movimiento Reformador (MR); así como los exparlamentarios Selvin Boanerges García Velásquez y Amílcar Aleksander Castillo Roca.
