Nota de EU89.7
Congreso denuncia legalmente a tres magistrados de la CC

La acción legal surge luego de que la CC ordenara suspender la discusión de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional

Este miércoles a las 14:30 horas la Comisión Permanente del Congreso informó que presentó ante los tribunales de justicia una querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, Bonerge Mejía y José Francisco de Matta Vela.

Según un comunicado publicado por la Comisión Permanente, se destaca que dicha acción legal fue “por considerar ilegal e inconstitucional la resolución” respecto de un fallo emitido en el cual ordenó la suspensión de formación, sanción y promulgación de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

“Prohíbe atribuciones”

En el documento se destacó: “A criterio de la Comisión Permanente, este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar; inobservando flagrantemente uno de los pilares básicos de una democracia: la separación de poderes. Dicho amparo es contrario a la doctrina legal asentada por esa misma Corte en múltiples resoluciones y sentencias…”.

Señalamientos

Según la Comisión del Legislativo, los tres togados de la CC habrían cometido los delitos de violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.

Ante ello, pidió a la Corte Suprema de Justicia “de forma urgente e inmediata remita las actuaciones al órgano competente para conocer el retiro de antejuicio. Esto pese a como ha ocurrido previamente, los denunciados podrían de forma inmoral auto ampararse, en un acto de total impunidad”.

Amnistía

En las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, interpuestas por el diputado Fernando Linares Beltranena, se buscaba otorgar amnistía a los responsables que cometieron delitos de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).

Aunque la discusión de la propuesta de ley avanzó en el Legislativo y que se encontraba en su recta final, varios amparos presentados por organizaciones de derechos humanos obligaron a dejar pendiente la discusión.