Nota de EU89.7
Ministro de Economía dice en el Congreso que es víctima de acoso político

La Fiscalía y la Cicig, señalan a Acisco Valladares de comprar votos en el Parlamento para la aprobación de una ley de telefonías.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares, aseguró hoy que el proceso de antejuicio en su contra, que está analizando una comisión en el Congreso, es “político” y dijo que es víctima de un “hostigamiento” de las autoridades.

Durante la citación con la Comisión Pesquisidora que estudia si hay indicios para retirarle la inmunidad, acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de comprar votos en el Parlamento para la aprobación de una ley de telefonías, Valladres negó los hechos.

El pasado 6 de mayo, las autoridades pidieron desaforar al ministro de Economía por su supuesta participación en el caso “Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Antecedentes del caso

En esta trama, según la investigación, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien enfrenta varios casos de corrupción, dirigía desde el Gobierno la actividad del Congreso a su antojo, socavando la separación de poderes y, según fuentes del caso consultadas, es un “síntoma” que responde a “algo más grave”: la “alteración del orden democrático”.

La investigación de esta trama, que operó entre enero de 2012 y los primeros meses de 2015, comenzó por una información recibida sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la aprobación de determinadas leyes.

Así se comprobó que dentro del Estado “operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano al supeditar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva”.

 

Q50 mil por diputado

La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, dinero conocido por los implicados como “champurradas” y que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de Baldetti de manos de los altos directivos de una empresa de telecomunicaciones, como el ahora ministro Valladares y Luis Fernando Valladares Guillén, director ejecutivo (CEO) de la compañía, desde la oficina principal de la entidad.

Producto de esos pactos se sancionaron proyectos como la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, la cual fue negociada por los directivos y la exvicepresidenta y aprobada sin leer, siendo la empresa la más beneficiada, aunque fuera declarada inconstitucional más tarde.

Ministro no está de acuerdo

Valladares ha cuestionado estas acusaciones, y aseguró que se trata de hechos “inexactos” y que él en ese momento era presidente de la Gremial de Telecomunicaciones y directivo de Tigo, pero que no participó en la redacción de la legislación, solo la revisó.

El ministro defendió la ley, “considerada buena por funcionarios extranjeros”, y reiteró que los señalamientos en su contra se deben a que no tiene “una relación armoniosa” con la Fiscalía y la Cicig porque en su criterio han cometido “errores” y esa pueda ser una de las razones por las que lo involucraron en este caso.

Valladares, que denunció una “mediatización de la Justicia”, dijo que sufre una persecución de ambos entes investigadores incluso antes de ser ministro: “Vengo con este hostigamiento y esta persecución. Ahora en octubre cumplo cuatro años”.

La Comisión Pesquisidora del Congreso debe remitir un informe al pleno en el que recomiende o no retirarle el fuero al ministro para que pueda ser investigado, aunque la decisión no es vinculante y los diputados lo decidirán con su voto, siendo necesarios 105 para retirarle el fuero.

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