La Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, ordenó investigar de oficio la posible filtración de información de órdenes de captura, en el caso “Poder Corrupción y Lavado de Dinero“.
Luego que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP reveló el caso el caso el lunes pasado, la Fiscal General, ordenó dicha investigación.
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Fiscal General Consuelo Porras ordena investigar de oficio posible filtración de información de órdenes de captura en el caso "Poder Corrupción y Lavado de Dinero".Vía @alexvaldez_eu pic.twitter.com/1OtLqAXC4Q
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Dicho expediente MP001-2019-68660 fue asignado por la Oficina de Atención Permanente a la Fiscalía de Delitos Administrativos, informó el MP en sus redes sociales.
Se trata de una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobierno, el cual se denomina “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”.
Fiscal de FECI, Carlos Vides, confirmó que jueza de mayor riesgo "D", Erika Aifán, arraigó a William Ballz Gallardo, Ricardo López Barrientos y Manuel Jesús Palma Palma, con orden de captura vigente por el caso "Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero".
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Antecedentes
Según las pesquisas, los funcionarios y exfuncionarios involucrados se aprovecharon de sus cargos “para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice, así como la compra de bienes inmuebles”.
Señalados
Por estos hechos se señala a Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, como “uno de los principales operadores de la financiación de las campañas… se analizó la red construida y utilizada por éste, su composición y modus operandi”.
También se menciona que esta red la conformaban “personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas”.
También se sindica al expresidente Otto Pérez Molina, a su exsecretario privado, Juan de Dios Rodríguez, así como “empresarios y abogados de alto perfil.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció que se pedirá solicitud de antejuicio contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela; y contra el diputado al Parlacén, Roberto Alejos Vásquez, papá de Gustavo Alejos.
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Sustento del caso
Este caso está sustentado “por informes de la CICIG, allanamientos, más de 15 declaraciones testimoniales, información bancaria y múltiple evidencia proveniente de otros casos adelantados por ésta y el Ministerio Público, entre ellos, Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud”.
Querían el control de todo
En las pesquisas se mencionó que esta organización criminal tenía como objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes. Los grandes contratistas del estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios del gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”.
Además, las investigaciones establecieron que “uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, vinculado a las contratistas del Estado: Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A., HW Contractors, S.A., quien hizo pagos al exsecretario privado de la Presidencia del período 2008-2012, el señor Gustavo Alejos Cámbara”.
A Palacios Guerra y sus empresas se les vincula de haber dado a Alejos transferencias por un monto de 7 millones 294 mil 650 dólares.
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Con información de Alexander Valdez
