La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in límine la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en relación a la querella presentada en su contra por haber actuado en contra de la Ley de Reconciliación Nacional.
Los argumentos que consideraron los magistrados de la CSJ, es que la querella interpuesta por el Congreso de la República, es ilegítima y que no cumplía con los requisitos adecuados.
La Corte de Constitucionalidad recibió la notificación de la resolución de la CSJ.
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#Urgente | Corte de Constitucionalidad recibe notificación de la CSJ, en la que se señala que se rechazó in limine la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados, en relación a la querella presentada en su contra por actuar en contra de la Ley de Reconciliación Nacional.
— Adrián Soto (@AdrianSoto_EU) October 31, 2019
El 24 de julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso presentó ante los tribunales de justicia una querella contra los magistrados de la CC, Gloria Porras, Bonerge Mejía y José Francisco de Matta Vela.
Según la Comisión Permanente, se destaca que dicha acción legal fue “por considerar ilegal e inconstitucional la resolución” respecto de un fallo emitido en el cual ordenó la suspensión de formación, sanción y promulgación de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
https://emisorasunidas.com2019/10/11/congreso-cc-cicig/
“A criterio de la Comisión Permanente, este amparo erosiona los cimientos de la República de Guatemala al prohibirle al Congreso una de sus atribuciones constitucionales, legislar; inobservando flagrantemente uno de los pilares básicos de una democracia: la separación de poderes. Dicho amparo es contrario a la doctrina legal asentada por esa misma Corte en múltiples resoluciones y sentencias…”, destacó dicha comisión en un documento.
Amnistía
En las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, interpuestas por el diputado Fernando Linares Beltranena, se buscaba otorgar amnistía a los responsables que cometieron delitos de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996).
Aunque la discusión de la propuesta de ley avanzó en el Legislativo y que se encontraba en su recta final, varios amparos presentados por organizaciones de derechos humanos obligaron a dejar pendiente la discusión.
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Con información de Adrián Soto
