La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los antejuicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra cuatro diputados señalados por el caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo“.
La CSJ rechazó los antejuicios contra los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano, Juan José Porras Castillo y Marco Antonio Orozco.
En este caso además están involucrados, Estuardo Galdámez, Boris España, Mirna Magnolia Figueroa Resén de Coro, todos exintegrantes del extinto Partido Patriota.
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CSJ rechazó los antejuicios presentados por FECI contra los diputados Haroldo Quej, Gustavo Medrano, Juan José Porras Castillo y Marco Antonio Orozco; sobre el caso "Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo". Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/0TOMylghuP— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 7, 2019
De acuerdo con la investigación de la FECI, entre enero de 2012 y abril de 2015, desde la Vicepresidencia, a cargo de Roxana Baldetti, se negociaba el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes, la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, la designación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, así como la elección de presidencias de comisiones legislativas.
Pagos
Según la investigación, la promesa por estas elecciones y designaciones era el pago bimensual por Q50 mil a cada diputado que favoreciera con su voto.
En total, el pago de estos favores pudo haberse erogado alrededor de Q57.8 millones, según las pesquisas.
https://emisorasunidas.com2019/07/25/fiscales-denuncian-ataque-subordinacion-de-poderes/
“La Champurrada”
Los legisladores son señalados de pagar la denominada “Champurrada”, la cual se refiere a la compra de votos en el Congreso.
“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que emanaban de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías”, señala la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
A los diputados mencionados en este caso se les señala de la posible comisión de los delitos de violación a la Constitución y cohecho pasivo.
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Con información de Alexander Váldez