El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y representantes de la Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos denunciaron hoy las condiciones inhumanas que atraviesan 111 familias de la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén.
Encabezadas por el magistrado de conciencia Jordán Rodas, ambas entidades solicitaron el retorno provisional de los campesinos a las tierras de dónde fueron desalojadas en junio del 2017.
Edgar Pérez, del Bufete Jurídico, advirtió de que, de no recibir una respuesta favorable para los comunitarios por parte de los mecanismos legales guatemaltecos, acudirá, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presionar al Estado.
Desalojo por orden judicial
Las familias tuvieron que huir de Laguna Larga, en San Andrés, Petén, a causa de un desalojo el 2 de junio de 2017 autorizado por el juez Sharon Emilio Orozco López, promovido por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y por la Fiscalía Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).
Ambas entidades señalaron a los comunitarios de haber invadido terrenos del Estado, ubicados en la biosfera Maya.
Desde entonces, los afectados están asentados en la línea fronteriza entre Guatemala y México, cerca de un poblado mexicano llamado El Desengaño.
Para detener el desalojo, la Organización Comité Central de Laguna del Tigre presentó un amparo, el 29 de mayo de 2017, en contra de dicha orden, con el argumento de que la medida no cumplía con el debido proceso ni los estándares internacionales en materia de desalojos y de derechos humanos.
Sin embargo, pero el amparo fue denegado en abril de 2018 por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Visita de reconocimiento de la CIJ
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) efectuó una misión que inició el 19 de mayo y finalizó el día 23 de mayo de este año, para observar la situación de los desplazados de la comunidad Laguna Larga, desalojados forzosamente el 2 de junio de 2017, en el norte del departamento de El Petén.
En su informe concluyeron que los comunitarios sufren de “una falta de atención humanitaria”.
Con información de Manuel García