Más de medio centenar de matrimonios de menores de 18 años se registraron en el país en los últimos dos años pese a que la ley lo prohíbe.
Un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la organización Plan Internacional reveló la suma de casos y su ubicación, siendo los departamentos de Occidente donde se concentra el 41% del total.
El Registro Nacional de las Personas inscribió 53 matrimonios entre menores de edad, desde que el Congreso aprobó la prohibición en agosto de 2017 hasta julio del año pasado.
La mayor cantidad de matrimonios inscritos se dio en los departamentos de Occidente de Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, además de Guatemala.
En un informe dado a conocer por la PDH, se da cuenta que de los 53 matrimonios entre personas menores de edad, el 41%de estos se registran en Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango pic.twitter.com/aZ54gfKjJz
— …. (@Congreso_EU) February 6, 2020
Forzadas al matrimonio
El diputado de esa bancada, Óscar Chinchilla, explicó que los matrimonios se han registrados contraviniendo el decreto legislativo 13-2017 que elevó hasta los 18 años la edad para contraer matrimonio.
Recordó que el Código Civil se modificó debido a que niñas estaban siendo obligadas a contraer matrimonio, en la mayoría de los casos por padres o abuelos que las forzaban a tener esas uniones con otros adolescente e incluso adultos.
“El mismo registrador, el mismo director ejecutivo del Renap, ni el director de informática tiene conocimiento de la ilegalidad que han cometido”, afirmó Chinchilla.
El congresista dijo que se deberá investigar quienes consumaron los matrimonios, siendo los mismos funcionarios de gobierno, como notarios, alcaldes o abogados que están facultados por la ley para registrarlos.
#EUNacionales | Se registran en Guatemala más de 66 mil embarazos de menores.
Más detalles ► https://t.co/Kmz65bqUL8 pic.twitter.com/f6JVzKIW7z
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 6, 2019
Instituciones y funcionarios cometen ilegalidad
“No solo es el hecho de incumplimiento de ley, creo que debe haber una divulgación de la norma por el Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Municipalidad”, agregó.
A su parece el mismo Renap debería crear un sistema para alertar sobre estos casos.
