El vicepresidente Guillermo Castillo dijo este miércoles que respetarán la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en cuanto a un amparo que suspende la ley aprobada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo que regula a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Respetuosos del estado de derecho, el amparo se retrotrae a acciones anteriores a lo que es la sanción del decreto por pate del presidente, estamos viendo y definir qué es lo que procede, tendrá que continuar toda la judicialización del proceso”, dijo el vicemandatario al ser abordado por la prensa.
#AHORA Vicepresidente @GuilleCastilloR dice que van a respetar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, con relación al amparo que dejó en suspenso las reformas a la ley de onegés.
Vía Manuel García. pic.twitter.com/dAbT6cE1Rf— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 4, 2020
La CC otorgó un amparo provisional presentado por varias organizaciones sociales contra el Congreso por aprobar la Ley de ONG’s, así como en contra del el presidente Alejandro Giammattei por haberla sancionado.
Según la resolución de la CC, la vigencia del Decreto 4-2020 “conlleva amenaza de violación de Derechos Humanos por el que suspende el acto de aprobación del Decreto Legislativo 4-2020 que reforma la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, así como todo acto posterior a la misma”.
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Voces a favor y en contra
Giammattei, quien había cuestionado la legitimidad de algunas ONG, señaló antes de sancionarla que hay muchas oenegés cuyos aportes económicos no se sabe cuáles son sus destinos o en qué van a beneficiar.
Varios voces se alzaron en contra de la ley, incluidos congresistas estadounidenses, el Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la ley.
El fallo de la CC, argumenta además que atenta al derecho a la libertad de asociación que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
La CC también hizo referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “ha delineado que los derechos a la libertad de reunión y asociación brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado y son fundamentales para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática”.