La Fiscalía Especial contra la Impunidad ( FECI) del Ministerio Público (MP) presentó apelación contra la resolución del juez décimo, Víctor Cruz, quien modificó las medidas sustitutivas otorgadas a Álvaro Dubón González y Óscar Armando García Múñoz.
De acuerdo con el MP, esa resolución se emitió sin audiencia y sin participación de la fiscalía.
Los sindicados están procesados en el caso de corrupción conocido como IGSS-SAP.
#CasoIGSS-SAP
MP/FECI presentó apelación contra la resolución del juez Victor Cruz, quien modificó las medidas sustitutivas otorgadas a Álvaro Dubón y Óscar Armando García Muñoz; de acuerdo con MP/FECI, dicha resolución se emitió sin audiencia y sin participación de la fiscalía. pic.twitter.com/yafrffJq0B— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 4, 2020
De acuerdo con la FECI y la extinta Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala (Cicig), los señalados están sindicados de anomalías en millonarios contratos por el alquiler “fantasma” de un edificio para personal de las oficinas centrales, la venta de 50 ambulancias y la adquisición de un Sistema SAP del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Juez Víctor Cruz otorga arresto domiciliario a Juan de Dios Rodríguez
El 7 de julio pasado, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue beneficiadocon arresto domiciliario en el caso antes mencionado.
El fallo a favor de Rodríguez fue firmado por Víctor Cruz, juez Décimo Penal.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía, dijo que Cruz argumentó el riesgo de la pandemia del coronavirus para otorgar esa medida a Rodríguez, lo cual, comentó, no tiene sustento legal.
Aseguró que la Fiscalía hará la apelación para que se revierta esa resolución.
Caso IGSS-SAP: Juez otorga arresto domiciliario a Juan de Dios Rodríguez
Aunque este fallo favorece a Rodríguez, no significa que podrá salir de prisión porque está en prisión preventiva por el caso Cooptación del Estado. En 2018 fue condenado por el caso IGSS-Pisa-Chiquimula, pero en julio de 2019 la Sala Tercera anuló la sentencia.
El caso se relaciona con supuestos supuestas ilegalidades en tres eventos administrativos del IGSS entre septiembre de 2013 y noviembre en 2014 sobre renta de un edificio por US$30 mil al mes, la compra de ambulancias por Q880 mil y un software por Q243 mil.
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