Nota de EU89.7
CC ordena conocer amparo contra juez que anuló investigación de caso de corrupción

El recurso fue promovido por la FECI para que se continuaran las diligencias en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar una apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), relacionada con el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Por medio de ese fallo se ordena a la Sala Cuarta de Apelaciones conocer un amparo promovido por el Ministerio Público (MP) contra el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, que anuló las diligencias de investigación en el referido proceso.

Ya con anterioridad el ente investigador había accionado contra el togado, por considerar que no estaba ejerciendo su labor de forma imparcial.

El 6 de enero de este año fue presentada una recusación con el objetivo de que no continuara a cargo del expediente en donde hay diputados señalados.

El argumento de la FECI es que Cruz podría tener interés personal en el asunto que se dilucida en la investigación.

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Investigación

El caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo se relaciona con la supuesta compra de voluntades dentro del Congreso.

En este están señalados siete exdiputados y el exministro de Economía, Acisclo Valladares, contra quienes el año pasado se presentaron solicitudes para retirarles la inmunidad.

Según investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las acciones ilícitas eran dirigidas por la ex vicepresidente Roxana Baldetti.

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Aparentemente la exfuncionaria habría coordinado la entrega de beneficios a los parlamentarios para que aprobaran diferentes leyes.

La investigación se inició luego de que se tuviera información sobre la posible compra de votos, y al indagar se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de funcionarios.

“La misma alteraba el orden democrático y el sistema republicano, al supeditar las funciones legislativas a directivas del poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva”, de acuerdo con la CICIG.