La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Duay Martínez, se reunió con el propósito de dictaminar iniciativas de ley que fueron remitidas a la sala de trabajo, tras haber culminado su estudio técnico.
La sala de trabajo emitió dictamen favorable a la iniciativa 5799, reformas a la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, que dispone incrementar a un 3 por ciento los fondos destinados a funcionamiento de programas para una mejor cobertura.
#EUNacionales Diputados de la Comisión de Finanzas emiten dictamen favorable a la iniciativa de ley 5814 que deroga el artículo 5 del decreto 3-2019, que es el préstamo de US$120 millones a favor de la @usacenlinea, permitiendo con ello la recepción de los fondos. pic.twitter.com/L2aJA5GXPF
— …. (@Congreso_EU) August 6, 2020
Préstamo de US $120 millones para infraestructura de la Usac
En apoyo a la educación superior, la iniciativa 5814 recibió dictamen favorable. La propuesta pretende reformar el Decreto 3-2019 para viabilizar la ejecución del programa de maquinaria y equipo para los distintos campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hizo un préstamo de US $120 millones a la Usac, destinado a infraestructura y maquinaria, por lo cual modificó uno de los artículos de la ley que contempla dicho crédito, específicamente en el Decreto3-2019.
Pronunciamiento del Consejo de Directores de Centros Universitarios y Escuelas no Facultativas. pic.twitter.com/Qhoh4alMSk
— usacenlinea (@usacenlinea) August 3, 2020
El rector de la Usac, Murphy Paiz, explicó que este año el BCIE les notificó que, para poder firmar el contrato para adquirir el préstamo, se debe modificar el artículo 5 del Decreto 3-2019, el cual establece la distribución de los fondos y que fue reformado por el Congreso al momento de su aprobación.
“Estamos pidiendo al Congreso que se derogue ese artículo a la brevedad”, manifestó el rector de esa casa de estudios superiores.
Originalmente, el artículo 5 de esta ley contemplaba los montos específicos para cada unidad académica y centros universitarios de la universidad y establecía cuánto correspondía a maquinaria y cuánto a infraestructura. Esta distribución de los US $120 millones fue avalado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Junta Monetaria, según dijo Paiz.
Con información de Francisco Pérez.