Como parte del procedimiento inicial, Gestión Penal de Tribunales designó juzgados para cada uno de los más de 100 antejuicios enviados por el Ministerio Público (MP) y presentados contra diputados, magistrados suplentes de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC)).
Como parte del procedimiento inicial y previo a enviar a CSJ, Gestión Penal de Tribunales designó juzgados para cada uno de los más de 100 antejuicios interpuestos por el MP y presentados contra diputados, magistrados suplentes de CSJ y magistrados de CC. @EmisorasUnidas
— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) August 11, 2020
Las solicitudes de antejuicios contra diputados serán conocidos por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal.
Mientras que 13 solicitudes contra magistrados suplentes CSJ estarán a cargo del Juzgado Séptimo Penal.
Y las seis peticiones contra magistrados de la CC serán conocidos por el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal.
También puede leer: Abogados cuestionan actuar de CSJ y de diputados por antejuicio contra magistrados de la CC
Solicitudes de antejuicio
El viernes 7 de agosto pasado, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, solicitó antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia.
La petición también abarca a la Comisión Permanente del Legislativo y contra 92 diputados.
Lectura sugerida. Cámara de Periodismo se pronuncia por antejuicios presentados contra magistrados y diputados
Respecto a la solicitud de antejuicio contra la Comisión Permanente del Congreso de la República, el procedimiento se deriva de la resolución emitida el 29 de junio del año en curso por la CC.
Para los demás antejuicios, el MP tomó en cuenta diversas denuncias recibidas contra de 92 diputados del Congreso de la República, 13 magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Por medio de un comunicado, la fiscal general, Consuelo Porras, informó que los antejuicios se plantearon para que la justicia determine “si ha formación de causa o constituyente de delito o bien las denuncias contra funcionarios y dignatarios son por razones espurias, políticas o ilegítimas”.