23 abril, 2024 | 6:58 pm
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Jueza rechaza solicitud de arresto domiciliario de procesado en caso Lanquín

López Guerra es acusado por el Ministerio Público (MP) por los delitos asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, rechazó la solicitud de arresto domiciliario de Antonio Elías Lopez Guerra, procesado por el supuesto fraude millonario en la municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz.

López Guerra es acusado por el Ministerio Público (MP) por los delitos asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Lectura sugerida: CICIG deja en manos del Ministerio Público 11 denuncias por últimas investigaciones

Ligados a proceso

En julio de 2019, la jueza Domínguez resolvió ligar a proceso a 17 personas.

Todas ellas son señaladas de diferentes delitos en el caso conocido como: Lanquín, un caso de corrupción integral.

Más del tema: Ligan a proceso a 17 personas acusadas de corrupción en la Municipalidad de Lanquín

En el se involucra a alcaldes, Concejo Municipal de Lanquín, personas físicas y empresas allegadas a las autoridades y a la Contraloría General de Cuentas.

El caso

Las investigaciones del caso se iniciaron a raíz de tres denuncias contra presuntas irregularidades en la administración del presupuesto municipal de Lanquín, Alta Verapaz.

De igual forma, por supuestas anomalías en la aplicación de diversos préstamos. Estos detallaban una concertación ilícita entre el Alcalde, el Concejo Municipal y personas cercanas a dichos funcionarios.

El MP en conjunto con la CICIG asumió la investigación del caso. Se pudo constatar la existencia de una estructura criminal conformada por diversos actores.

Cifra de casos de coronavirus en el país asciende a 57 mil 966

En primer lugar, los denunciados: el Alcalde y los miembros del concejo municipal.

En segundo lugar, a ellos se sumaban personas físicas (familiares del alcalde y operadores de la estructura criminal) y personas jurídicas (empresas.

En tercer lugar, se determinó la participación delictiva de quienes están obligados a velar por el cumplimiento y respeto de las normativas: funcionarios la Contraloría General de Cuentas.

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