El Gobierno de El Salvador está bajo la lupa de la fiscalía local tras un reporte periodístico que reveló una supuesta negociación con pandillas con el objetivo de disminuir los homicidios.
El periódico digital El Faro reveló a fines de la semana pasada que el gobierno del presidente Nayib Bukele habría pactado con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de los homicidios.
El periodista Óscar Martínez, uno de los autores del artículo, explicó a la AFP que la investigación periodística se basó “en documentos oficiales”.
Ante las revelaciones, el fiscal general, Raúl Melara, prometió que “se abrirá la investigación correspondiente”.
“Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas”, advirtió Melara.
La negociación “bajo de agua” no solo incluiría la reducción de los homicidios, sino también el apoyo al partido político Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar, de cara a las elecciones del próximo año.
“Hasta el momento, nadie del gobierno, ningún funcionario, ha dicho que las 108 páginas de documentos oficiales que son nuestra prueba de la investigación y nuestro artículo sean falsas”, aseguró Martínez.
Para desvirtuar lo publicado por El Faro, el gobierno mostró a la prensa las “estrictas” condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país.
El reto de la Fiscalía
Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, una entidad de análisis político y lucha contra la corrupción, considera que una eventual negociación entre el gobierno y la pandilla MS-13 plantea un desafío para la fiscalía.
“El fiscal general Raúl Melara está ante el reto de someter a verificación las pruebas que ha presentado el periódico digital y determinar si son fehacientes, y si son reales, proceder como dicta la ley”, indicó Villalta.
En tanto, Álvaro Artiga, analista político y profesor de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana (UCA) apuntó que la misión de la fiscalía en el caso de la presunta negociación es “demostrar que esa institución funciona, pues su trabajo ha sido muy deficitario”.
Exfuncionarios de gobiernos anteriores enfrentan a la justicia salvadoreña por haber pactado con pandillas. Uno de ellos es el exministro de Defensa, David Munguía, acusado de promover una tregua ilegal en 2012.
Por el mismo caso ha sido acusado el expresidente Mauricio Funes, quien ahora vive en Nicaragua.
*Con información de AFP
