Nota de EU89.7
Caso La Barata: Detectan defraudación al Estado por al menos Q150 millones

La SAT y la FECI dieron a conocer los resultados de una investigación conjunta que detectó irregularidades en las operaciones de una cadena de supermercados. Las autoridades no descartaron que los tributos evadidos asciendan hasta los Q400 millones.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) revelaron este lunes un nuevo caso de defraudación tributaria, el cual se denomina La Barata.

En conferencia de prensa fueron presentados los resultados de la investigación que realizaron de forma conjunta las entidades y que permitió detectar un esquema irregular para generar acciones en detrimento de las finanzas del Estado.

El secretario contra la Corrupción, Estuardo López, destacó la buena relación interinstitucional de las entidades mencionadas, lo cual permitió detectar las acciones irregulares.

“Todos aquellos que puedan incurrir en irregularidades deben ser perseguidos, acusados y eventualmente condenados”, resaltó.

Hasta ahora se ha evaluado parte de la documentación contable, correspondiente a 2017 al 2019, que sugiere que el monto de lo defraudado podría ser de Q150 millones.

Sin embargo, el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, aseguró que en total son unos seis años los que no se reportaron ante el ente recaudador, lo que equivaldría a entre Q300 millones y Q400 millones de tributos evadidos.

Detectan anomalías

El superintendente dio a conocer que la red de supermercados La Barata, que opera bajo el nombre comercial de Grupo Simply, Sociedad Anónima, ha pagado prácticamente “cero” impuestos.

Fue una auditoría de un equipo de esa institución la que permitió detectar anomalías, pues al verificar la documentación contable de la empresa, correspondiente al período 2017 al 2019, se vio que no se cumplió con las obligaciones.

Se observaron omisos y declaraciones erróneas. No se entregaron los montos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni del (Impuesto Sobre la Renta).

Díaz indicó que las retenciones efectuadas por los operadores de tarjetas de crédito a esa cadena no generaba el pago de impuestos.

Asimismo, se observó que todas las ventas en efectivo, que sí están facturadas, no estaban declaradas ante la SAT.

El superintendente consideró que tomando en cuenta esta situación, y que la cadena la integran por lo menos 35 tiendas, es una evasión multimillonaria en detrimento del Estado.

Forma de operar

Díaz señaló que la cadena tenía todo un esquema para que la SAT no los fiscalizara y lo lograron hacerlo por mucho tiempo.

El método que utilizó fue la creación de una serie de empresas que permitían el cambio de razón comercial y de representante legal para no pagar impuestos.

Cuando la SAT observaba que tenía incumplimientos y se les notificaba la información, incurrían en resistencia a la acción fiscalizadora, entonces se les daba una providencia de urgencia por un tribunal.

El juez ordenaba la entrega de información y como no lo cumplían se les asignaba una multa, que era por un monto pequeño, pues se calculaba sobre los ingresos declarados, que estaban alterados.

Luego de un tiempo cambiaban de razón social. “Es decir, que tenían un esquema de defraudación muy sofisticado, abriendo y cerrando empresas para ese fin”, destacó el superintendente.

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Ampliarán investigación

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dio a conocer que en la auditoría realizada relacionada sobre el período 2017 al 2019 se pudo determinar que el contribuyente tuvo ventas por Q427 millones, provenientes de retenciones por tarjetas de crédito.

Las autoridades estiman que esto representa el 35% de las ventas, pues no se están tomando en cuenta las que fueron con pagos en efectivo.

“Hasta el momento la auditoría detalla que la defraudación al fisco asciende a Q150 millones 420 mil”, destacó el fiscal.

Sin embargo, se indicó que falta por establecerse la cifra del efectivo, cuyas ventas serían de aproximadamente Q1 mil 200 millones y, por lo tanto, se incrementaría el monto de lo defraudado.

Sandoval dijo que El 2 de diciembre se realizaron diligencias en la empresa y se secuestró información física y digital que será analizada. Esta corresponde a un período más amplio que lo ya auditado, así que las investigaciones continuarán.

Hasta ahora se ha girado una orden de captura por este caso, que es por el delito de defraudación tributaria.

El señalado es Francisco José Barrios Hernández, representante legal de la compañía y directamente vinculado con la propiedad de la misma, quien se encuentra prófugo.

Pero no se descarta que puedan haber otros implicados en los hechos ilícitos, incluso personal de la SAT encargado de auditar a la cadena de supermercados.

Mientras las pesquisas avanzan, la empresa permanecerá bajo la medida cautelar de intervención, lo que le permitirá seguir operando, pagando salarios a sus trabajadores y cumpliendo con los proveedores.

El interventor es una persona que fue propuesta por la SAT, que se encargará de velar por el avance de las operaciones comerciales, con el fin de posteriormente poder recuperar el monto que no se le entregó al Estado.