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SAT y MP presentan caso La Barata
Foto: Ministerio Público

Investigan posible vinculación de personal de la SAT en caso “La Barata”

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, brindaron detalles del caso La Barata.

Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Sandoval señaló que en septiembre de 2020 se recibió una denuncia en el Ministerio Público (MP) de parte del ente recaudador.

Esto luego de que se observaron irregularidades después de que se auditaran las ventas de la cadena de supermercados La Barata, que reflejaba un monto  de Q427 millones, en lo relacionado a pagos con tarjetas de crédito.

Sin embargo, lo correspondiente al pago de tributos, que sería de al menos Q150 millones según el cálculo bajo esa cifra, no fue entregado al fisco.

Esta cifra corresponde al período del 2017 al 2019; sin embargo, las autoridades calculan que por lo menos en los últimos seis años, ese comercio no cumplió con sus obligaciones tributarias.

La cantidad reportada a la SAT es cercana a cero, aseguró el superintendente Días, pues señaló que no se trata de acciones para pagar menos impuestos, sino que en realidad esa entidad comercial no pagaba.

De igual forma, anunció una investigación a lo interno de la institución en seguimiento a este caso.

Ello tomando en cuenta que diferentes equipos tuvieron a su cargo el seguimiento a la verificación del cumplimiento del pago de impuestos por los supermercados, sin que hayan reportado indicios de esta millonaria defraudación.

Al ser cuestionado acerca de cómo pudo pasar inadvertida esta situación, el funcionario dijo que también ellos se han hecho esa pregunta.

Detalló que al percatarse de las anomalías, en la SAT se creó un equipo especial de auditoría, con el fin de no poner en riesgo los avances en la investigación.

“Porque sí tenemos la impresión de que la empresa tenía información de nuestras actuaciones desde adentro”, expresó.

En ese sentido, al integrar el grupo separado, se mantuvo la información de forma confidencial y se logró presentar la denuncia que permitió llegar hasta una medida de intervención a La Barata.

En tanto, el jefe de la FECI explicó que la participación de esa fiscalía en este caso obedece a la posibilidad que podrían haber empleados de la SAT implicados.

Señaló que se pretende establecer cómo un grupo comercial que genera este volumen de ventas puede declarar en cero ante la autoridad tributaria.

El fiscal explicó que por ahora se hace una investigación por delitos tributarios, pero que con anterioridad se han tenido otros casos en los que de hechos relacionados con la evasión fiscal se han detectado otros cargos.

Andamiaje de empresas

Díaz explicó que anteriormente se auditó a una compañía que operaba con un nombre distinto al de Grupo Simply, Sociedad Anónima, como actualmente está inscrita La Barata.

Como la compañía se negaba a entregar los controles fiscales, aduciendo que se había perdido la papelería contable, se le llevó ante un tribunal por resistencia al acto fiscalizador.

Producto de ello pagó una multa, que se fijó por un monto pequeño, tomando en cuenta que se basó en lo reportado a la SAT.

Sin embargo, después se detectó que La Barata utilizaba no solo una entidad, sino que tenía un andamiaje de empresas que le permitían cambiar de nombre comercial y de representante legal constantemente y evadir sus responsabilidades tributarias.

También, se evidenció la existencia de un entramado de compañías que se facturaban entre sí mismas.

“Son alrededor de 15 empresas más las que tienen relación con este grupo empresarial”, resaltó el superintendente.

Con el objetivo de detectar otros casos de defraudación tributaria, el superintendente dijo que se harán cambios en las acciones de fiscalización, con procesos para profundizar en el tema.

Pues se ha detectado que hay empresas que tienen grandes operaciones, pero pasan “bajo el radar” porque no reportan tantas ventas.

Caso La Barata: Detectan defraudación al Estado por al menos Q150 millones

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