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Piden a la CC frenar el cierre de la Sepaz, Copredeh y SAA

Diversas organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado en el cual se requirió a la CC resolver seis acciones de inconstitucionalidad.

Corte de Constitucionalidad (CC) analiza acciones legales por elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Se de la Corte de Constitucionalidad.

Diversas organizaciones de la sociedad civil requirieron al a Corte de Constitucionalidad (CC) frenar el cierre de las instituciones del Organismo Ejecutivo vinculadas al cumplimiento de los acuerdos de paz.

Por medio de un comunicado se solicitó al tribunal constitucional que se resuelvan seis acciones de inconstitucionalidad que fueron planteadas en contra del presidente, Alejandro Giammattei, por haber decidido cerrar:

  • Secretaría de la Paz (Sepaz).
  • Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).
  • Comisión Coordinadora del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

Petición a la CC

En la nota, que se difundió por medio de las redes sociales, se hizo énfasis en que la CC garantice que el gobierno cumpla con el contenido de los acuerdos de paz:

“Esperamos que la CC resuelta lo antes posible las seis inconstitucionalidades que se han presentado en contra del cierre de estas instituciones y que garantice que el gobierno cumpla con sus obligaciones con la paz y los derechos humanos”.

Además, se explicó que las tres oficinas del Ejecutivo de las cuales se declaró el cierre surgieron como parte de los compromisos que fueron adquiridos por el gobierno en 1996.

Según el comunicado:

“…no solamente se buscaba poner fin al enfrentamiento entre el Ejército y la Unidad URNG (Revolucionaria Nacional Guatemalteca), sino también se espera iniciar un procedo para implementar los acuerdos de paz y cambiar los profundos problemas de pobreza, racismo, exclusión y militarización que enfrentaba el país”.

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Rechazan traslado

Además, se mencionó que el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) sería trasladado al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), lo cual causaría un mal uso de los recursos.

“Estas instituciones siguen siendo necesarias para garantizar la implementación de los acuerdos de paz y que el gobierno respete los derechos humanos, igualmente rechazamos que el PNR sea trasladado al Mides porque se desvirtúa su naturaleza y puede llegar a convertirse en un programa clientelar”.

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