Vetar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado fue una petición que la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) hicieron al presidente, Alejandro Giammattei.
Así consta en un comunicado de prensa que ambas asociaciones empresariales difundieron a través de las redes sociales.
Esa normativa fue modificada por el Congreso de la República, al aprobar el decreto legislativo 4-2021.
Según el documento:
“El decreto legislativo 4-2021, que contiene reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, constituye un retroceso en materia de transparencia”.
Solicitamos al Presidente vetar el Decreto 4-2021 Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado pic.twitter.com/ZfnmJt9K2z
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) May 12, 2021
En ese sentido, se requirió a Giammattei:
“…vetar el decreto 4-2021, conforme a los establecido en el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.
De acuerdo con el análisis de la CCG y de Camagro, la normativa señalada:
- Elimina controles en los procesos de adquisiciones.
- Eleva los montos para compras directas.
- Genera incentivos para la discrecionalidad y corrupción.
Además, se afirmó que la petición que fue hecha al dignatario tiene como objetivo el:
“…resguardo de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos”.
También se destacó que el contenido de las referidas reformas impacta de manera negativa contra las acciones y objetivos que fueron anunciados por el jefe del Organismo Ejecutivo para fortalecer:
- La transparencia.
- La rendición de cuentas.
- La mejora de la calidad del gasto público.
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Abordaje de reformas de forma técnica
En la nota elaborada por la CCG y Camagro se agregó una petición al Ejecutivo y al Legislativo para que se aborden las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado de manera técnica.
Se señaló que el análisis que se realice debe tener relación con la eficiencia, transparencia y calidad del gasto público.
Finalmente, se indicó que un estudio de ese tipo debe incluir una revisión del presupuesto y cambios en la Ley de Servicio Civil.
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