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Aifán: Criminalización, hostigamiento y falta de certeza jurídica afecta a jueces

La jueza Erika Aifán detalló que junto con sus compañeros jueces de Mayor Riesgo están tratando de avocarse a otros órganos de protección internacional de derechos humanos para que se dé una respuesta a sus peticiones.

Jueza Erika Aifán.
Jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, se refirió este martes al planteamiento que presentó al Ministerio Público (MP) junto con otros tres funcionarios judiciales para que sean cerrados los casos en su contra que provienen de denuncias espurias.

En entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la togada explicó que están viviendo un escenario de criminalización y hostigamiento.

A esto se suma la falta de seguridad y certeza jurídica, pues las denuncias planteadas ante el MP en su contra y que, según considera, son sin fundamento, siguen sin ser resueltas.

En su caso particular, son al menos 70 querellas las que han sido promovidas durante su ejercicio como jueza.

“Son por inconformidades en el ejercicio de nuestros cargos, no por temas personales”, enfatizó.

Por eso, es importante que la fiscal general, Consuelo Porras, pueda revisar, porque criminalizar a los jueces no es la solución a las situaciones jurídicas que se están planteando en los juzgados de mayor riesgo, agregó la entrevistada.

“Estamos pidiendo que cierren esos casos, que no sigan las investigaciones que pueden infringir nuestra labor como jueces”, expuso Aifán.

Sin respuestas en el MP

La petición a la jefa del MP la plantearon Yassmin Barrios, Erika Aifán, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, que integran juzgados y tribunales de Mayor Riesgo.

Aifán indicó que ella y sus compañeros siempre han sido respetuosos de la ley y el derecho de todas las personas para denunciar los hechos que consideren pertinentes en los distintos casos.

Sin embargo, en el MP no se les ha dado seguimiento conforme a la ley, pues el Código Procesal Penal establece un plazo de 20 días para que la entidad pueda definir si puede proceder con la investigación penal o no.

La entrevistada dijo que hay algunos expedientes que datan desde 2012, pero no ha habido respuestas.

“Es un número elevado de denuncias sin resolver, por lo que pedimos a la fiscal general que ella pueda revisar porque en las fiscalías no hemos encontrado una respuesta apegada a derecho”, agregó.

Lo que buscan específicamente es que se desestimen y archiven los diversos casos en los que ya se tienen hasta más de nueve años sin que exista una resolución.

“Si después de este tiempo en investigación no han tenido medios suficientes para promover una petición antejuicio ante la CSJ, no entendemos cómo ahora sí lo tendría, por eso pedimos que se desestimen”, manifestó.

Por aparte, Aifán mencionó que tener las denuncias archivadas por tanto tiempo los pone en riesgo, ya que en el marco de las mismas se ha pedido información sobre sus esquemas personales de seguridad.

Quieren saber en qué vehículos se mueven, cuántas personas las resguardan, entre otros temas, lo que en su opinión pone en riesgo la integridad de los jueces y sus familias.

Otro punto que considera que no se ha respetado a cabalidad es el derecho de antejuicio del que gozan por ser funcionarios judiciales.

Ello tomando en cuenta que constantemente el MP les requiere informes, lo que se traduce como una declaración en el caso de algún otro ciudadano.

“Nosotros no declaramos como un ciudadano, sino por medio de la entrega de informes. Cuando nos piden informes, el MP está pidiendo que declaremos. Esto ya constituye un acto de persecución penal contra jueces y magistrados”, añadió.

También argumentó que no solo se mantienen vigentes y sin mayores avances las querellas contra los togados, sino que las que ellos promueven contra quienes atentan contra su independencia judicial son desestimadas.

Relató que en una ocasión denunció ser víctima de persecución de parte de personas a bordo de vehículos sin placas.

El caso fue desestimado bajo el argumento de que la fiscalía no podía seguir la pista, porque no pueden individualizar los automóviles por no tener placa.

Aifán denuncia hostigamiento y criminalización

En cuanto al tema de hostigamiento y criminalización, Aifán manifestó que se vive ese escenario de zozobra al saber que incluso se está buscando indagar sobre su seguridad personal.

Esto se da a pesar de que los cuatro jueces cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este fallo del ente internacional ordena al Estado de Guatemala a proteger a los togados, lo que a criterio de Aifán no se está dando como debería.

La funcionaria judicial expuso que en el marco de esas medidas cautelares ha solicitado desde 2019 que se le asigne un agente de Policía Nacional Civil, pero hasta ahora no ha tenido una respuesta positiva.

Aifán mencionó que los cuatro jueces están en riesgo y esto deviene desde el momento del tipo de procesos que conocen.

“Pero a esto se está sumando esa criminalización, hostigamiento y falta de seguridad y certeza jurídica en las investigaciones de los hechos que nosotros hemos denunciado y que podrían afectar nuestra vida y nuestra integridad física”, manifestó.

Finalmente, compartió que junto con sus compañeros están tratando de avocarse a otros órganos de protección internacional de derechos humanos para que se dé una respuesta a sus peticiones.

“Quiero dejar claro que no es una confrontación contra el MP, no es denuncia contra ningún funcionario de la institución. Estamos respetuosamente pidiéndole a la fiscal general que revise y garantice el derecho de antejuicio, el debido proceso y el cumplimiento de nuestras medidas cautelares”, concluyó.

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