La Policía Nacional Civil (PNC) desalojó con gases lacrimógenos a decenas de personas que mantenían cerrada una carretera en protesta contra una minera suiza, con saldo de varios pobladores y uniformados lesionados, informaron las autoridades.
Las fuerzas antimotines enfrentaron a los manifestantes maya-q’eqchi’ en un camino del poblado de El Estor, unos 155 km al noreste de la capital, que desde el 4 de octubre cerraron el paso a camiones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la suiza Solway Investment Group.
Durante el desalojo algunos pobladores resultaron afectados por los gases y periodistas fueron golpeados por las fuerzas de seguridad, señalaron los medios locales, que transmitieron por Facebook el desalojo. El número de afectados no ha sido precisado.
La Policía Nacional Civil, por su lado, indicó en redes sociales que varios agentes que participaron en el operativo fueron “atacados con piedras y palos”, aunque sin precisar una cifra de lesionados.
Agregó que intentaron dialogar con los manifestantes al argumentar que por “el bloqueo han estado desbastecidas tiendas y negocios de la región”, aunque el grupo de manifestantes días atrás explicó que solo evitaban el paso de góndolas y camiones de la empresa minera a la que acusan de seguir operando pese a un fallo judicial en su contra el año pasado.
Así fue el diálogo que Policía Nacional Civil sostuvo con un grupo personas que desde hace 16 días bloquean el paso en un sector de El Estor, Izabal.#ProtegerYServir pic.twitter.com/j9ONuCriMR
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 22, 2021
Fallo de la CC sobre minera en El Estor
En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió provisionalmente las operaciones de la CGN al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian que no se consultó sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental de toda el área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.
Los pobladores “en resistencia” también señalaban que no han sido tomados en cuenta en el proceso que llevará a la consulta.
La minera comenzó a operar en 2014, tres años después de que Solway adquirió los derechos, tras la rehabilitación y reconstrucción del complejo industrial que data originalmente de fines de la década de 1970 y que estuvo abandonado desde 1982.
* Con información de la agencia de noticias AFP.
