El 18 de noviembre, Amalia González Lara se declaró culpable en relación con una operación de tráfico de personas en Avondale, Arizona, Estados Unidos (EE. UU.).
González Lara admitió actuar como coordinadora y conspiró para transportar a más de 100 migrantes indocumentados con fines de lucro.
La policía descubrió a más de 20 migrantes en Avondale, Arizona, en enero, que luego se descubrió que se usaba como una estación de refugio regular.
El co-conspirador Sergio Vázquez Flores también se declaró culpable de conspirar para albergar a migrantes en el escondite de Avondale.
La pena máxima para este caso es 10 años de prisión, una multa de US $250 mil o ambas.
González Lara y Vázquez Flores tienen su sentencia fijada para principios de 2022.
Antecedentes
La embajada de EE. UU. dio a conocer que los dos traficantes de personas se declararon culpables de transportar y ocultar a más de 100 personas. Entre el grupo de migrantes que tenían ocultos había mexicanos y guatemaltecos.
La investigación fue llevada a cabo por la oficina de HSI en Nogales, México, con apoyo de la Patrulla Fronteriza.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Arizona es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, establecida por el Procurador General Merrick B. Garland en junio de 2021, para reunir los recursos de investigación y enjuiciamiento del Departamento de Justicia, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mejorar los esfuerzos de Estados Unidos contra los peligrosos y prolíficos grupos de tráfico de personas que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Esta Fuerza de Tarea se enfoca en trastornar y desmantelar las redes de tráfico que abusan, explotan, o ponen en peligro a migrantes, y representan amenazas a la seguridad nacional y están involucrados con el crimen organizado. Está formada por fiscales federales y abogados de la Fiscalía de Estados Unidos en la frontera sur (distrito de Arizona, distrito sur de California, distrito sur y oeste de Texas), de la División Criminal y de Derechos Civiles, junto con agentes de procuración de justicia y analistas de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de DHS. El FBI y la Administración Antidrogas (DEA).
