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audiencia de primera declaración de implicados en caso de corrupción en el Insivumeh
Foto: Edwin Bercián/EU

Corrupción en el Insivumeh: Interpol activa alerta roja para ubicar a implicados

Hay siete personas pendientes de ser detenidas por su vinculación con el caso “Clima, Corrupción y Poder”.

La Interpol activó alertas rojas internacionales para la búsqueda y localización de siete personas que continúan pendientes de captura por el caso de presunta corrupción en el Insivumeh.

Entre los prófugos de la justicia con orden de detención internacional figuran: Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo del diputado Jorge García Silva.

El pasado 7 de enero se tenía programada la audiencia de entrega de estas dos personas, pero fue suspendida debido a que no se asignó un juez suplente y la titular del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida, estaba de vacaciones.

En ese sentido, la diligencia quedó reprogramada para el 28 de marzo de 2022. Mientras tanto, las órdenes de aprehensión contra los sindicados siguen vigentes.

Además, se emitieron las notificaciones respectivas de Interpol para establecer la ubicación de:

  • Silvia Patricia Martínez Bonilla.
  • Sabrina María Véliz Castañeda, asesora del diputado.
  • Juan Carlos Véliz Castañeda.
  • Emilio Alfredo Barillas Padilla.
  • Klaus Herbert Flesicher Kepfer.

Caso de corrupción en el Insivumeh

El caso “Clima, Corrupción y Poder” fue dado a conocer por el Ministerio Público (MP) el pasado 5 de noviembre. Está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción.

Ese mismo día se llevaron a cabo allanamientos en distintos puntos del país que dejaron como resultado la captura de 18 personas, incluido Yeison Samayoa, el titular del Insivumeh.

La investigación se relaciona con hechos ilícitos en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) que se habrían cometido para beneficiar a ciertas empresas con contrataciones.

Las pesquisas se iniciaron después de que se recibiera una denuncia en noviembre de 2020, en la que se indicaba que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicio de asesoría.

Los beneficiarios serían personas vinculadas a su partido y familiares, con quienes se relacionaba una entidad mercantil a la que se le adjudicaron proyectos por sumas millonarias.

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