Trascendió que el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) firmaron el nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Se conoció que este incluiría el pago de un bono de Q2 mil 500 en junio, a partir de 2022, y un reajuste salarial de 3% en 2023.
El tema sobre este nuevo convenio fue abordado este jueves durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con Luis Linares, exministro de trabajo y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); y Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
A criterio de Linares, la forma secreta en que se habría negociado y autorizado este nuevo convenio es el “gran pecado” detectado en este tema.
Según dijo, el Mineduc compartió que el sindicato solicitó que las negociaciones se realizaran de manera confidencial, amparándose supuestamente en disposiciones de la Ley de Acceso a la Información que hablan de información proporcionada por particulares con garantía de confidencialidad.
En ese sentido, el entrevistado consideró que ello es un absurdo porque se trata de un asunto público. Añadió que sienta un precedente porque en adelante esta forma de interpretar la ley se extiende y cualquier cosa que entregue un interesado particular se podrá decir que debe ser confidencial.
Entonces, aseguró que existen fallas enormes y abuso, principalmente de parte del Mineduc, porque una cosa es que lo solicitara el sindicato de maestros y otra que la cartera aceptara lo que calificó como una “monstruosidad jurídica”.
Asimismo, el exministro dijo que los abusos derivan de la irresponsabilidad de los funcionarios a cargo de las negociaciones, cuando lo correcto es que existiera un nivel de firmeza, responsabilidad y razonabilidad.
Luis Linares, exministro de Trabajo y secretario y analista de @ASIES_GT: "Que se acabe la secretividad. El Ministerio Público debe investigar, porque es un precedente funesto el que se sienta" pic.twitter.com/RezatlnOIS
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 24, 2022
Mientras tanto, el investigador del CIEN detalló que los trabajadores privados y los del sector público son de distinta naturaleza, tienen reglas aparte, incluso la Constitución los separa en secciones porque los públicos apelan al principio de “igual trabajo, igual remuneración”.
Además, mencionó que los servidores públicos están estructurados en un sistema de igualdad, con rangos salariales, medios uniformes para ingreso, salida y promoción en el servicio, la regulación del derecho de huelga, entre otros aspectos.
Entonces, expuso que lo que no ha habido es un sistema de negociación colectiva propiamente para cada uno de los sectores (público y privado).
Ello genera una laguna muy grande con respecto a que la autoridad nominadora o de turno a la que le toca estar en este proceso, supuestamente representando los intereses de los guatemaltecos, en realidad tiene un “cheque en blanco”, enfatizó Quezada.
Francisco Quezada, del @CIENgt: "La autoridad política de turno, a la que le toca estar en las negociaciones, tiene un cheque en blanco, porque está decidiendo sobre fondos, recursos y jornadas de trabajo y se traduce en un costo para todos los guatemaltecos" pic.twitter.com/q7HmP8WJlg
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¿Los pactos colectivos son instrumentos políticos?
Al ser preguntado acerca de si considera que los pactos colectivos se han convertido en una herramienta política de algunos gobiernos, Quezada expuso que la negociación colectiva que tuvo sus inicios fue una institución noble, dedicada a equilibrar la facultad extralimitada que podía tener la parte empleadora a la parte contratada.
Sin embargo, mencionó que desde el siglo XIX hasta hoy “ha pasado mucha agua debajo del puente” y se ha encontrado que en la actualidad la negociación colectiva es al revés.
“Quien tiene el sartén por el mango y coacciona e impone es la parte empleadora a la parte contratante, que es el Estado”, dijo.
Jordán Rodas: “Las acciones del magisterio se dan por irresponsabilidad del Gobierno”.
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De acuerdo con el investigador, en el 100 por ciento de los casos cuando se trata de este tema en el sector público es una imposición, entonces consideró que los pactos colectivos deberían de ser en doble vía para proteger a la parte empleadora que, aseguró, no es el gobierno de turno, sino todos los ciudadanos.
En ese sentido, destacó que es un instrumento que se volvió una negociación clientelar, política, que se compra a un altísimo precio y que trae redito muchas veces para funcionarios de turno, también para los líderes sindicales que buscan y encuentran adhesión en los aumentos, porque de esa manera logran fidelidad de sus adherentes.
“De haber sido una institución noble, la negociación colectiva se ha pervertido completamente”, enfatizó Quezada.
Por su parte, Linares mencionó que en los últimos años este tema que debería ser un derecho de los trabajadores para equilibrar la desigualdad de poder que se tiene entre la parte laboral y empleadora ha ido cambiando.
“Se ha pervertido, pero esto no significa que condenemos la negociación colectiva per se porque hay abusos, por ejemplo, en muchos ámbitos de la vida nacional, digamos el sistema de justicia, pero eso no quiere decir que se generalice”, concluyó.
