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Denuncian ante la CIDH la existencia de alianzas políticas-económicas criminales en Guatemala

Organizaciones de derechos humanos expusieron que se ha intensificado la criminalización de personas defensoras y advirtieron el debilitamiento de la democracia en el país.

Organizaciones de derechos humanos expusieron en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Guatemala existe una alianza político-económica criminal que se ha perpetuado en el poder para generar impunidad mediante acciones fraudulentas.

Como ejemplo de estas supuestas irregularidades mencionaron las elecciones de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).

Entre las entidades que presentaron la situación del país s e encuentran la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) y la Convergencia por los Derechos Humanos.

Iduvina Hernández, representante de esta última, explicó que también se mencionó que ha habido persecución y criminalización en contra de jueces y fiscales del MP.

Entre ellos mencionó al titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez; la ex jefa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango, Virginia Laparra; y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

De igual forma señaló que han surgido denuncias espurias contra la exfiscal general de la república, Claudia Paz y Paz, entre otras acciones, como los señalamientos que circulan en redes sociales contra defensores de derechos humanos.

Estado de Guatemala responde

La delegación del Estado de Guatemala dijo en la audiencia en la CIDH que no acepta que se endilgue responsabilidad internacional con lo expuesto por las organizaciones de derechos humanos.

Con relación a la FECI, rechazó los señalamientos ya que indicó que esta fiscalía actúa con principios de legalidad y que la jefa del MP, Consuelo Porras, no incide en las investigaciones de esta fiscalía.

En cuanto a elección de Cortes, aseguró que el Congreso ha emitido 18 órdenes del día para elegir magistrados para cumplir con el mandato de la CC.

También mencionó que los procesos para elegir a los titulares del MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación han sido públicos y transparentes.

Mientras tanto, sobre los jueces se aseguró que existe la independencia de poderes y que los funcionarios judiciales son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Además, que la Ley de la Carrera Judicial regula al respecto y que los afectados pueden presentar denuncia.

Por último, se solicitó que se haga un contraste de la información rendida en la audiencia y declara que no existe persecución ni criminalización de defensores de justicia y derechos humanos.

* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7

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