La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) presentó este martes 30 de mayo su cuarto informe sobre el proceso electoral, en el cual se incluyó entre los hallazgos el posible uso de recursos públicos para fines electorales.
El reporte detalla que también los resultados del análisis de los informes sobre financiamiento de los partidos políticos, las tendencias en la cobertura en medios de comunicación y redes sociales, así como los incidentes de violencia y conflictividad electoral.
El período de verificación va desde enero hasta el 15 de mayo de 2023, es decir, se incluye la fase de inscripción de candidatos y la de campaña electoral.
Informes de gastos de campaña
Con respecto al tema del financiamiento de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales, la MOE-Gt mencionó que la mayoría de los partidos políticos entregaron sus informes de abril en tiempo y forma, tanto sobre el uso de financiamiento público, como de financiamiento privado.
Las únicas agrupaciones que no entregaron los reportes de financiamiento privado correspondientes a ese período fueron las agrupaciones Mi Familia, Poder y Winaq.
“El partido político Mi Familia persiste en el incumplimiento de la entrega de sus reportes desde enero”, destacó la misión.
Las organizaciones que registraron mayores gastos de campaña durante abril fueron: Valor, Unionista, Elefante, Vamos y Creo. Mientras que los de menor gasto fueron: PPG, URNG-Maíz, PR, PAN, PIN, Podemos y Semilla.
https://emisorasunidas.com2023/05/03/mision-observacion-electoral-guatemala-campana/
Recursos públicos con fines electorales
De acuerdo con la MOE-Gt, se revisaron los reportes enviados por la Red nacional de observadores electorales. Estos registraron 21 casos nuevos de posible uso de recursos públicos para campaña electoral del 9 de marzo al 15 de mayo.
Cinco de los casos, es decir el 23.8 por ciento, se dieron en eventos sociales en los que se identificó la participación de trabajadores, bienes o fondos públicos. Además, ocho (38.1%) se dieron durante la inauguración de obras públicas y también involucraron la participación de personal público.
En otros tres casos (14.3%) se evidenció el uso de edificios públicos; y en los otros cinco (23.8%) se evidenciaron irregularidades como la entrega de regalos probablemente adquiridos con fondos públicos, el uso de vehículos y mobiliario público.
“También la entrega de programas de Gobierno central, eventos sociales realizados con la participación de trabajadores públicos, entre otros”, destacó la misión.
