Control sobre el poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos presidenciales. Criminalización de la protesta social y persecución a fiscales que combatieron la corrupción: el sistema democrático navega por aguas turbulentas en Guatemala a pesar de que hay elecciones el domingo.
En los últimos tres gobiernos se han reducido “los espacios de la democracia” e introducido “medidas de tipo autoritario para el control del país”, dice a la AFP Bernardo Arévalo, candidato presidencial de un partido minoritario centroizquierdista.
El hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951) culpa de esto a los gobiernos derechistas de Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuyo mandato culmina en enero de 2024.
Dice que el resurgimiento del autoritarismo fue reacción de poderosos sectores políticos y empresariales a la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Un ente avalado por la ONU que ayudó a destapar sonados casos de corrupción, entre 2007 y 2019.
La CICIG nació bajo el gobierno derechista de Óscar Berger y continuó con el socialdemócrata Álvaro Colom. Sus investigaciones llevaron en 2015 a renunciar a Pérez, condenado por fraude en aduanas. Pero su sucesor, Morales, puso fin a la CICIG en 2019 y Giammattei no intentó resucitarla.
Además, Giammattei ha mantenido a la cuestionada fiscal nacional, Consuelo Porras, quien emprendió una campaña de persecución contra antiguos fiscales anticorrupción y funcionarios de la CICIG.
“Unificó a los corruptos”
Ocho exfiscales han sido arrestados y otros 30 se han exiliado, según Human Rights Watch. Washington incluyó a Porras en 2021 en su listado de “actores corruptos”.
“La CICIG tuvo la virtud de evidenciar y desnudar un sistema de corrupción que todos sabíamos que existía. El problema es que fue tan eficiente que terminó por unificar a los corruptos”, dice Arévalo.
Los grupos que habían perdido con las investigaciones de la CICIG “regresaron con mayor fuerza”, indica Edie Cux, director del capítulo local de la ONG Transparencia Internacional.
“Se está consolidando un régimen, no una dictadura tradicional, sino una dictadura corporativa, que es mucho más peligrosa porque no hay una figura visible”, explica Cux a la AFP.
Una manifestación que terminó con un incendio en el edificio del Congreso, el 21 de noviembre de 2020, dejó decenas de lesionados y detenidos. Desde entonces no hay protestas masivas contra Giammattei, por temor a la represión policial, según analistas.
“Golpe de Estado técnico”
Los 13 magistrados de la Corte Suprema terminaron sus mandatos hace tres años, pero siguen en funciones por tecnicismos. Sus fallos suelen favorecer al gobierno.
“Desde mi punto de vista fue un golpe de Estado técnico, pues se rompió la democracia y un pilar fundamental de la democracia”, dice a la AFP el exjuez Miguel Ángel Gálvez, exiliado en Costa Rica.
“La situación es de deterioro del sistema judicial, al servicio del poder oligárquico y político corrupto de Guatemala, lo que se ve reflejado en decenas de resoluciones que favorecen a procesados y condenados por actos de gran corrupción”, indica a la AFP el exjefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos.
“El debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala, junto con la corrupción […] ha dejado a los operadores de justicia en una situación vulnerable”, señala a la AFP Gisela de León, directora jurídica de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“Retroceso”
Hace dos semanas, el dueño de un diario crítico del gobierno, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, en un juicio denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Su rotativo, fundado en 1996, dejó de publicarse el 15 de mayo.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, calificó la sentencia como una “amenaza al periodismo independiente y la libertad de expresión en Guatemala”.
“La espiral de represión contra la prensa y el incremento de los ataques contra los periodistas en Guatemala son un síntoma del retroceso democrático”, dijo Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, al presentar un informe sobre Guatemala.
El proceso electoral en curso también es cuestionado debido a la marginación de dos candidatos con opciones: el empresario derechista Carlos Pineda y la indígena de izquierda Thelma Cabrera.
Aunque los candidatos favoritos hablan de “reformas y transformaciones profundas”, nada cambiará tras los comicios, a pesar de que los guatemaltecos piden un “alto al montón de desmanes que ahora se ve en materia de corrupción, impunidad, persecución y criminalización de una gama muy alta de actores, que va desde operadores de justicia hasta defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera”, dice el analista político Renzo Rosal a la AFP.
Pese a todos los cuestionamientos, Giammattei afirmó el viernes que Guatemala tiene “una democracia sólida”.
Este domingo, unos 9,4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor de Giammattei.
Candidatos en Guatemala
La ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres encabeza la intención de voto (21,3%). Seguida por el exdiplomático centrista Edmond Mulet (13,4%), según la última encuesta de la firma ProDatos.
En tercer lugar (9,1%) figura la derechista Zury Ríos y cuarto el oficialista Manuel Conde (5,8%).
