El juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, giró órdenes de captura contra dos integrantes del partido Movimiento Semilla. Se trata de Cynthia Alejandra Rojas Donis y Jaime Gabriel Gudiel Arias, quienes enfrentan cargos por delitos electorales relacionados con falsedad ideológica con agravación electoral en forma continuada.
Cynthia Alejandra Rojas Donis, quien anteriormente fue precandidata a diputada por el departamento de Guatemala por Semilla, renunció a su cargo luego de ser denunciada por el delito de perjurio. Se le señaló de haber falsificado una firma para afiliar a un hombre al partido, lo que generó una serie de denuncias y controversias en su contra.
Por su parte, Jaime Gabriel Gudiel Arias también enfrenta acusaciones de falsedad ideológica con agravación electoral en forma continuada, relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso electoral. De acuerdo con el Ministerio Público, el antes mencionado habría pagado por recolectar firmas para Semilla.
Las órdenes de captura emitidas por el juez Orellana son el resultado de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
Esto fue confirmado por el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Investigación contra Movimiento Semilla
El MP informó que ha estado investigando una denuncia presentada en julio de 2022, donde un ciudadano afirma haber sido adherido ilegalmente al partido Movimiento Semilla. En ese sentido, se determinó que la letra y firma en los documentos de adhesión fueron falsificadas.
En el transcurso de la investigación, se descubrió que más de 5 mil ciudadanos podrían haber sido adheridos ilegalmente a Semilla mediante la falsificación de documentos. Además, al menos 12 personas fallecidas fueron inscritas en el partido político.
Las pesquisas revelaron que Semilla habría pagado Q7 por cada firma recolectada, lo que suma aproximadamente Q175 mil, sin conocerse la fuente de financiamiento.
Estos hechos fueron informados al Tribunal Supremo Electoral desde mayo de este año. La investigación ha progresado con la entrega del último informe solicitado por el Tribunal el 11 de julio de 2023, señaló el MP.
“El Ministerio Público reitera su compromiso de investigar todas las denuncias relacionadas con delitos electorales, sin importar si provienen de personas particulares o partidos políticos. Estas acciones no tienen la intención de interferir en la fecha de la segunda vuelta ni de inhabilitar la participación de ningún candidato’, aseveró.
