La Alianza por las Reformas, que integra a 35 organizaciones de sociedad civil, se pronunció con respecto al amparo presentado por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por medio del cual busca que se garantice su independencia.
La funcionaria planteó este recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y está dirigido contra el presidente Alejandro Giammattei y las autoridades del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil.
En este se hace mención de pronunciamientos de ciudadanos en redes sociales, donde se pide la renuncia de Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la agente fiscal, Cinthia Monterroso.
También se refiere a las protestas de guatemaltecos y se pide el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.
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Porras pide violar derechos humanos
Por medio de un comunicado, la Alianza señaló que la fiscal general le pidió a la CC violar los derechos de quienes la critican, pues no tolera la crítica que se le hace por el uso ilegítimo y politizado del aparato investigador y la persecución penal.
“Pretende usar la fuerza pública contra la ciudadanía guatemalteca, coartando el derecho a la manifestación y vulnerando la libertad de expresión de las numerosas voces críticas que se han manifestando en contra de su gestión”, destacó.
Añadió que Porras menciona una supuesta “encerrona” en el MP a la que se estaría convocando públicamente para buscar su renuncia y menciona que se ven amenazados sus derechos a la vida, seguridad e integridad. También la libre locomoción, libertad de acción y derecho al trabajo.
Sin embargo, la Alianza consideró que no corresponde otorgar el amparo provisional porque no concurren los supuestos de procedencia ni las circunstancias que lo hagan aconsejable.
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“El amparo solicitado debe denegarse, pues no se plantea en contra de alguna disposición, acto, resolución o procedimiento, por lo que no estaría justificado el otorgamiento de un amparo que pueda limitar derechos fundamentales de la población”, añadió.
Esto porque, según se indica, se basa solo en la inconformidad expresada en mensajes de redes sociales que son la manifestación de la libertad de expresión y la crítica contra la actuación pública de Porras y la FECI.
A lo cual añade que, en realidad, lo que están en juego es el derecho de la población a la manifestación en contra de lo que describió como el actuar arbitrario y politizado en el que persisten al impulsar los casos espurios contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral, juntas electorales y juntas receptoras de votos.
“La manifestación social es un reclamo válido para conducir la dirección del Ministerio Público, y por ende, no se puede coartar la libertad de expresión”, resaltaron las organizaciones aglutinadas.
