En un negocio llamado “Cantina Casino Tropical”, ubicado en Villa Canales, Guatemala, fueron localizadas 11 mujeres víctimas de explotación sexual, tras una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia por parte de la Unidad contra la Explotación Sexual, de la Fiscalía contra la Trata de Personas.
A las víctimas se les brindó atención victimológica por parte del Ministerio Público (MP).
También se coordinó la aprehensión de José Raúl Lepe Rodríguez, encargado de recibir el dinero producto de la explotación sexual a la que estaban sometidas las víctimas, y se clausuró el inmueble.
También se coordinó la aprehensión de José Raúl Lepe Rodríguez, encargado de recibir el dinero producto de la explotación sexual a la que estaban sometidas las víctimas, y se clausuró el inmueble. pic.twitter.com/CORClBf19W
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 31, 2023
Se logra sentencia
Por otro lado, el MP también dio a conocer que la unidad en mención logró que se dicte sentencia condenatoria contra Eugenia Herrera Santiago por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.
Con base en las pruebas presentadas por la fiscalía, el Juzgado de Primera Instancia Penal Especializado en el Delito de Trata de Personas del departamento de Guatemala resolvió imponerle la pena de cinco años de prisión y multa de Q50 mil.
También ordenó la cancelación de la patente de comercio del negocio denominado “Bar Colonial”, ubicado en el municipio de Amatitlán, lugar donde el Ministerio Público estableció que se cometía explotación sexual de mujeres.
Asimismo, la inscripción de la condenada en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENÁS) y la destrucción de la evidencia material de naturaleza de explotación sexual.
Además, como consecuencia de la sentencia dictada, se fijó en concepto de reparación digna la entrega de 100 pines con la representación del corazón azul, símbolo de la lucha contra la trata de personas, a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) para fortalecer las políticas de prevención del delito de trata de personas y de explotación sexual.
Herrera Santiago fue detenida el 27 de abril del año en curso, durante un allanamiento realizado en el bar citado. Durante la diligencia se determinó que ella era la encargada del negocio y que recibía Q25 por cada uno de los servicios sexuales que prestaban las víctimas.