El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles 27 de septiembre las solicitudes de retiro del derecho de antejuicio contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esto se da en seguimiento a una denuncia presentada en junio pasado por supuestas irregularidades relacionadas con la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La Fiscalía de Delitos Administrativos investiga los señalamientos contra los togados, así como las autoridades del Departamento Informático del órgano electoral, ya que supuestamente habría anomalías en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático.
“Se considera que la conducta de los funcionarios denunciados podría encuadrarse en la comisión de las figuras delictivas de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad”, destacó el ente investigador por medio de su Departamento de Información y Prensa.
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Los integrantes del TSE de quienes se solicita el retiro de inmunidad para que puedan ser investigados son:
Magistrados titulares
- Irma Elizabeth Palencia Orellana (presidenta).
- Ranulfo Rafal Rojas Cetina.
- Blanca Odilia Alfaro Guerra.
- Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños.
- Mynor Custodio Franco Flores.
Magistrados suplentes
- Marco Antonio Cornejo Marroquín.
- Marlon Josué Barahona Catalán.
- Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
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Caso contra los magistrados
El MP señaló que se observaron irregularidades desde el momento de la adjudicación hasta la suscripción del contrato entre el TSE y la empresa Datasys Guatemala S. A. para la adquisición del programa informático que se utilizó en la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2023 en Guatemala.
Se indicó que los magistrados autorizaron la adjudicación y aprobaron la suscripción del contrato administrativo con la referida entidad, que presentó una oferta por Q148 millones 850 mil 250. Esto a pesar que la otra entidad ofertante mostraba un monto menor, específicamente Q113 millones 957 mil 424.
Existía una diferencia de Q34 millones 892 mil 826, y además incluía hardware operativo e infraestructura de telecomunicaciones, destacó el ente investigador.
En ese sentido, la fiscalía considera que posiblemente suscribieron el contrato utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado del software adquirido el cual debió incluir dentro del contrato el hardware operativo.
Por aparte, se indicó que tras la suscripción del contrato con Datasys Guatemala S. A. no hubo una supervisión del software por parte del TSE, sino que la misma entidad, es decir, el proveedor, fue quien recomendó a la entidad Podernet para realizar esa labor.
De acuerdo con el MP, esta situación es ilegal porque existe un conflicto de intereses, ya que no se puede tener una supervisión por una entidad que el mismo proveedor recomienda.
“Siendo el mismo proveedor quien designó a un supervisor, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión e los votos”, destacó.
