El Ministerio Público (MP) se pronunció luego de que el Parlamento Europeo aprobó este jueves 14 de diciembre una propuesta de resolución en la que pide sancionar a guatemaltecos señalados de ser parte de un “intento de golpe de Estado” y socavar la democracia, entre ellos, la fiscal general Consuelo Porras y tres integrantes más de esa institución.
Por medio de su Departamento de Información y Prensa, señaló que, tal y como se ha manifestado de forma contundente en múltiples oportunidades, es una falacia que el ente investigador quiera alterar los resultados electorales o se haya vulnerado la voluntad popular.
La oficina aseguró que, al contrario, únicamente se ha cumplido con el mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, pues no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas.
“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosas y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”, destacó la entidad.
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De igual forma, el Ministerio Público aseguró que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país; y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala.
Agregó que se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del Derecho Internacional Público como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, “ya que aparentemente se busca obstaculizar la justicia”.
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Parlamento Europeo pide sanciones por “intento de golpe” en Guatemala
Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron este jueves una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por “la tentativa de golpe de Estado” en Guatemala.
El texto de la resolución pide medidas restrictivas contra la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, así como el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otras personas.
Esos funcionarios, apunta el documento aprobado, “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
La resolución condena “el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala.
Los legisladores añadieron que ese empeño se apoya en “acusaciones infundadas de fraude” y por ello pidieron “que se ponga fin de inmediato a estas acciones”.
